La Comisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el diputado Daniel Varas Seguin (Juntos por el Perú), aprobó por unanimidad (17 votos), declarar procedente y admitir a trámite la denuncia constitucional contra la excongresista Magaly Ruiz Rodríguez por la presunta comisión del delito de peculado doloso, en agravio del Estado.

Se trata de la Denuncia Constitucional 003-2026-2031, presentada por el fiscal de la nación, Tomás Gálvez Villegas, que atribuye a la exparlamentaria el presunto uso de pasajes aéreos financiados con recursos del Congreso para participar en actividades partidarias en Trujillo, los días 7 y 8 de diciembre de 2024.

Según los fundamentos de la denuncia, Ruiz Rodríguez habría utilizado dichos pasajes para asistir a las celebraciones por el aniversario del partido Alianza para el Progreso, entre ellas una misa y un almuerzo. Estos recursos estaban destinados al desempeño de la función congresal.

El informe de calificación, elaborado por la Secretaría Técnica, concluyó que la denuncia cumple con los requisitos y criterios establecidos en los artículos 176 y 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Asimismo, determinó preliminarmente que los hechos atribuidos podrían encuadrarse en el delito de peculado doloso, tipificado en el artículo 387 del Código Penal.
Durante la sustentación se precisó que esta evaluación no constituye un adelanto de opinión ni un prejuzgamiento sobre los hechos, sino una revisión preliminar en observancia del principio de legalidad y del debido proceso.

INGRESO DE DENUNCIAS

Previamente, el presidente de la comisión dio cuenta del ingreso de la Denuncia Constitucional 007-2026-2031, interpuesta por la senadora Mirtha Vásquez Chuquilín (Ahora Nación) contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, por presunta infracción del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

Asimismo, informó sobre la Denuncia Constitucional 00164-2026-2031, presentada por los ciudadanos Gino Huerto Bravo y Diana Ortega Torres contra Helder Domínguez Haro, Luis Gustavo Gutiérrez Ticse, César Augusto Ochoa Cardich, Pedro Hernández Chávez, Francisco Morales Saravia y Manuel Monteagudo Valdez, en su condición de magistrados del Tribunal Constitucional, por presunta infracción de los artículos 103 y 139, numerales 3, 11 y 13, de la Constitución Política del Perú.

Finalmente, dio cuenta de la Denuncia Constitucional 00165-2026-2031, interpuesta por el ciudadano Pedro Ramón Sánchez Gómez contra Genoveva Gómez Vargas, en su condición de responsable de la Jefatura de la Oficina Defensorial del Pueblo, sede Cajamarca, por presunta infracción de los artículos 7-A y 162 de la Constitución Política del Perú.

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