La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó esta tarde, por mayoría, el informe de calificación que plantea admitir a trámite la Denuncia Constitucional 403 contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, por los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio, presuntamente perpetrados como líder de una organización criminal.

La decisión fue tomada durante la décima sesión extraordinaria del grupo de trabajo que preside Lady Camones Soriano (APP), y se concretó con 11 votos a favor, 1 voto en contra y 8 abstenciones.

La DC 403 fue formulada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, contra el expresidente de la República Pedro Castillo Terrones y el exministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales

A los denunciados se les atribuye una intervención ilícita en el proceso de ascensos en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional del Perú en el año 2022, en el marco de una organización criminal que estaría liderada por el expresidente Pedro Castillo Terrones.

Respecto a Walter Ayala el documento plantea admitir a trámite la DC 403 contra el exministro Ayala por los presuntos delitos de organización criminal, abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado.

Improcedencia

Previamente, la SAC aprobó seis informes de calificación que plantean la improcedencia de igual número de denuncias constitucionales (cinco por unanimidad y uno por mayoría).

El primero corresponde al Informe de Calificación (IC) de la Denuncia Constitucional (DC) 088 (ex 437), formulada por el ciudadano Gregorio Torres Cayetano, contra cuatro miembros del Jurado Nacional de Elecciones, por la presunta Infracción al artículo 109 de la Carta Magna, y por el presunto delito de fraude electoral, no especifica los artículos del Código Penal.

Se declaró improcedente la denuncia contra Jorge Salas Arenas y Luis Arce Córdova porque no se encontró infracción constitucional o delitos de función; y también improcedente contra Jovián Sanjinez Salazar y Jorge Rodríguez Vélez, dado que a dichos funcionarios no les corresponde la prerrogativa del antejuicio político.

Aprobado por unanimidad: 21 votos.

El segundo corresponde a la propuesta de IC de la DC 119 formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra la excongresista Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, por el presunto delito contra la administración pública- cohecho activo específico, tipificado por el artículo 398 del Código Penal.

El IC declaró improcedente la DC porque, si bien cumple con el requisito de admisibilidad, la excongresista, en la fecha, ya no cuenta con el privilegio del antejuicio político. Aprobado por mayoría: 19 votos a favor, 2 votos en contra y cero abstenciones.

El tercero fue la propuesta de IC la DC 221, seguida contra el exministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, por la presunta infracción constitucional, y por la presunta comisión de los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad, abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y retardo injustificado de pago.

Se declaró improcedente la DC porque no cumple con los requisitos establecidos en el literal c del artículo 89 del reglamento respecto a que se refiera a hechos que constituyan una infracción de la Constitución y o delitos de función previstos en la legislación penal. Aprobado por unanimidad: 20 votos.

El cuarto IC corresponde la DC 238 propuesta contra el exministro de Defensa, José Gavidia Arrascue, por presunta infracción a la Constitución Política del Perú, y la presunta comisión de los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad, abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, retardo injustificado de pago, delito contra la humanidad – discriminación.

Los denunciantes, al igual que en el caso anterior, afirman que al ser personal de retiro por causal de renovación, tienen derecho al beneficio de un saldo remanente de seguro de retiro, lo cual no percibieron.

El IC concluye que es improcedente la DC, porque no cumple con los requisitos establecidos en el literal c del artículo 89 del reglamento, respecto a que se refiera a hechos que constituyan infracción de la Constitución y/o delitos de función previstos en la legislación penal.

Los denunciantes, se afirma en el documento, podrían hacer valer sus derechos por la vía judicial respectiva. Aprobado por mayoría: 19 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención.

El quinto fue el IC, respecto de la DC 251, formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra el excongresista Percy Alcalá Mateo, por la presunta comisión de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, tipificados en los artículos 394 y 400 del Código Penal, respectivamente.

Se declaró improcedente, puesto que al excongresista no le correspondería, a la fecha, el privilegio del antejuicio político, y porque, además, luego de consultar con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, se sabe que el denunciado ha fallecido. Aprobado por unanimidad: 22 votos

El sexto fue el IC de la DC 377, formulada contra los congresistas José Williams Zapata (AvP), Martha Moyano Delgado (FP), Silvia Monteza Facho (AP) y Alejandro Muñante Barrios (RP), por el presunto delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal.

Se declaró improcedente porque ellos no pueden ser responsables por un supuesto abuso de autoridad por el incumplimiento de una ley que modifica la pensión mínima. Aprobado por unanimidad: 22 votos.

Anuncian fechas de debate y votación de informes finales

Durante la sesión, se anunció que la Comisión Permanente del Congreso sesionará el jueves 15 de febrero a las 4:00 de la tarde y tiene como puntos de agenda el debate y votación de tres informes finales (en el respectivo orden):

• El informe final de la denuncia constitucional 359 que propone acusar a la congresista María Cordero Jon Tay por el presunto delito de concusión.
• El informe final de la denuncia constitucional 196 que propone acusar al expresidente de la República, Martín Vizcarra y a la exministra de Cultura, Patricia Balbuena por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso por apropiación por tercero y negociación incompatible.
• El informe final de la denuncia constitucional 271 que propone acusar al excongresista Luis Orestes Pompeyo Sánchez por el presunto delito de concusión.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL