El Pleno del Congreso aprobó una iniciativa de ley que propone inhabilitar a trabajadores y funcionarios públicos que hayan cometidos algún delito en contra del Estado y la sociedad durante sus funciones.

El parlamentario Walter Ascona Calderón (APP), vicepresidente de la Comisión de Justicia, informó sobre la acumulación de los proyectos de ley 1134, 3425, 4933, 4953, 4998, 5041, 5051, 5114, 5269, 5389 y 5526, que proponen modificar los artículos del Código Penal, respecto de circunstancia agravante derivada de la comisión del delito durante calamidad pública o emergencia sanitaria.

De igual forma, plantea dictar otras disposiciones sobre la pena de inhabilitación en el Código Penal y leyes especiales, para esto estipula las circunstancias agravantes señaladas y el reordenamiento sistemático para este caso, entre otros aspectos.

La norma también prevé, para estos casos, la necesidad de modificar los artículos 38, 384,387, 389 y 426 del Código Penal, donde se señala la inhabilitación principal se extendería de seis meses a diez años, salvo los supuestos de incapacidad que se refieren otros artículos del código en mención, entre otras normas.

Otros aspectos de la iniciativa están vinculados a temas de la colusión simple y agravada, en relación con el delito del funcionario público que, interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de compras y adquisiciones, concierta con los interesados para defraudar al Estado, siendo reprimido con penas privativas de libertad por diversas circunstancias y tiempo.

Luego de la exposición y sustentación del proyecto en mención, la congresista María Bartolo Romero (NC) señaló que quienes han delinquido en contra del Estado no deberían de volver al sector público. “Los que roban al Estado son traidores a la patria”, expresó.

La legisladora Nelly Huamani Machaca (Frepap) consideró la necesidad de la aprobación de la presente iniciativa de ley para que las personas que hayan defraudado en el Estado se les aplique la muerte civil.
Su colega María Cabrera Vega (Podemos) dijo estar de acuerdo con la propuesta legislativa. “Esta ley permitirá tener funcionarios públicos decentes, y tendrá un carácter disuasivo”, expresó.

Martha Chávez Cossio (FP) manifestó que los delitos ya están establecidos en las normas y no se puede legislar más de lo mismo. “Hay mucho populismo y se está aprobando una series de leyes que son contradictorias con el ordenamiento jurídico existente, mantengo mis observaciones”, consideró.

Los congresistas Rosario Paredes Eyzaguirre (AP) y Betto Barrionuevo Romero (DD) consideraron la necesidad de poner un coto a la corrupción en el Estado con normas más eficaces y sancionadoras.

El parlamentario Juan Mendoza Marquina (UPP)señaló la necesidad de aprobar dicha iniciativa. “Necesitamos las sanciones más drásticas para los funcionarios corruptos. Esto es un avance, pero necesitamos más”.
A su vez, Rubén Pantoja Calvo (UPP) coincidió con su colega de bancada y dijo apoyar la iniciativa de ley.

Al término de la exposición de los representantes, el proyecto en mención fue aprobado por 86 votos a favor, 12 abstenciones y 3 votos en contra.

OFICINA DE COMUNICACIONES