La transparencia en el financiamiento a las campañas políticas y la necesidad de que las personas jurídicas vuelvan a aportar en estas para frenar el avance de las economías ilegales en nuestra democracia, fueron los principales puntos que se abordaron en el inicio del I Encuentro de voceros parlamentarios, congresistas y asesores, que se dio en un contexto de reforma política y electoral con miras a un Parlamento bicameral.

En la primera mesa, que tuvo como tema el financiamiento político, participó como expositora Delia Ferreira, expresidenta de Transparencia Internacional Argentina, quien sostuvo que el financiamiento está en la esencia misma de la calidad de la democracia y de los problemas que se registran en ella y la integridad electoral.

A su juicio, el uso del financiamiento público directo requiere de transparencia, de una rendición de cuentas adecuada, por ello, consideró que se debe facilitar la carga de la información en tiempo real en una plataforma que sea accesible no solo a las autoridades que lo controlan, sino a la ciudadanía y los medios de comunicación.

Asimismo, Ferreira dijo que enfrentar al crimen organizado es un desafío fenomenal, que solo se puede hacer fortaleciendo a los organismos de control. Agregó que sin un trabajo coordinado con los organismos del Estado es muy difícil evitar la penetración del crimen organizado, una regulación razonable y garantizar acceso de información y autorregulación.

En seguida, el jefe de IDEA Internacional, Percy Medina, se refirió a las 12 iniciativas legislativas que se encuentran en el Congreso de la República sobre el financiamiento, diez de ellos públicos y dos privados.

Todos ellos, afirmó, proponen mayores controles para el gasto de formación y capacitación, así como el reajuste anual del monto de financiamiento público directo para las organizaciones que tienen representación. Desde su óptica, se debe destinar el 15% del financiamiento público para capacitación de mujeres y temas específicos de algunos grupos subrepresentados.

Medina también se refirió a aspectos como la modernización del sistema de rendición de cuenta oportuna y en línea, además de implementar mecanismos para promover una mayor bancarización de los aportes y de gastos, así como multas que puedan ser deducidas del financiamiento público, entre otros.

En tanto, el analista político Jaime de Althaus hizo hincapié en la prohibición legal de los aportes de las empresas formales, que sufrieron un acoso judicial luego de las campañas del 2016 al 2021 y la consecuencia de la expulsión del empresariado de la política, lo que es muy perjudicial para la democracia y el país

En esa línea, dijo el empresariado nacional debe asumir su condición de clase dirigente, se comprometa con el desarrollo del país y no para defender intereses particulares o mercantilistas, sino, por ejemplo, para defender las líneas centrales del capítulo económico de la Constitución.

Althaus, también refirió que esta participación pueda permitir “recuperar terreno y no dejar permitir a las economía ilegales”.

Seguidamente, participaron con sus comentarios los congresistas Víctor Cutipa Ccama (JP-VP), Jorge Morante Figari (SP), Edgard Reymundo Mercado (BDP), Isaac Mita Alanoca (PL), José William Zapata (AvP), quienes incidieron en la transparencia de los aportes y de los gastos, así como la necesidad de frenar el ingreso de las economías ilegales en la política.

La primera mesa fue moderada por Diego Macera, economista y analista de políticas del Instituto Peruano de Economía (IPE).