El Poder Judicial abrió proceso administrativo a cuatro trabajadores de la Corte Superior del Santa para determinar responsabilidad o negligencia en el trámite vinculado a la excarcelación del sicario Rubén Moreno Olivo, (alias ‘Goro’) condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de Ezequiel Nolasco, exconsejero regional de Ancash.

            Lo informó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Lecaros, durante su presentación en la sesión de la Comisión de Justicia del viernes 12. Dijo que se detectó la falta de un documento, “una hoja en la comunicación”.

            Respecto a la responsabilidad en la excarcelación de este sicario, dijo que no se explica por qué el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) del Santa “no comunicó esta noticia a la central de Lima para que pueda tomar las medidas pertinentes, para ver dónde estaba el detenido y disponer que se inscriba la sentencia en el registro del penal donde estaba tenido”,

            Indicó que cuando un reo es internado en un penal, el juez del caso pierde el control sobre el detenido y aclaró que es el INPE el que decide a qué penal lo remite.
            “El juez del proceso no es notificado para más y no tendría por qué saber en qué penal está el detenido”. En ese sentido, manifestó que el INPE del Santa no informó de la presencia de ‘Gore’, sin embargo tenía en su conocimiento de la sentencia desde el 22  de enero del 2019.

            A la sesión se presentó el abogado de la familia de Nolasco, Marcos Sánchez, quien también pidió ser considerado agraviado, porque fue testigo del primer atentado que sufrió Nolasco en julio del 2010 en Nuevo Chimbote.

            Sánchez dio a conocer que teme por su vida e integridad,   puesto que Moreno Olivo (Goro) ha ido a su domicilio a festejar su libertad y  ha hecho disparos al aire para amenazarlo.

            Asimismo, señaló que la abogada del sicario lo ha amenazado de manera abierta haciéndole saber que  “hagas lo que hagas no te vas a salvar”.

            El congresista Juan Carlos Gonzales (FP) aclaró a  Lecaros que el hecho de que los sicarios estén libres no puede considerarse  un pequeño error.

            El titular de Justicia  en sesión pasada, indicó Gonzales, había afirmado que la sentencia condenatoria estaba sin firmas y por ello fueron observadas, y que en el informe a la Policía Nacional no consignaba la custodia permanente  para el sicario que salió a la modalidad de detención domiciliaria.

            A su turno, el congresista Héctor Becerril (FP) sostuvo que sospechosamente  la justicia se habría hecho lenta para propiciar la fuga de ‘Goro’ y denunció que de la PNP se filtra información a los medios. En ese sentido, el periodista del IDL, Gustavo Gorriti, maneja y emite audios para presionar a los jueces y fiscales. El periodista Gorriti es intocable, manifestó.

DESTITUCIÓN

            Por su lado, la congresista Yeny Vilcatoma (FP) pidió la destitución del director del penal Piedras Gordas y los funcionarios que participaron en el proceso de excarcelación del sicario;  también anunció  la interpelación de los ministros de Justicia y del Interior por el mismo caso en cuestión.

            “El juez Carhuancho, en su resolución que otorgaba arresto domiciliario con custodia, lo hizo en referencia a otro delito, indicando que esta condición se daba siempre y cuando no tenga mandato de prisión por otro delito. Aquí hubo un concierto de voluntades para favorecer al reo.  Al sicario se le abrieron las puertas”, expresó al tiempo que advirtió que otro sicario, Cruzate Heredia,  apodado ‘El colombiano’ está a punto de salir en libertad con la misma modalidad que ‘Goro’.

Vilcatoma preguntó a Lecaros si ya se tomaron acciones sobre funcionarios, jueces y fiscales que demoraron año y seis meses la tramitación del proceso de los implicados en caso Nolasco.

PRENSA CONGRESO