Con 11 votos a favor la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales delegó, entre sus miembros, las denuncias constitucionales 143, 146, 148 y 322 -declaradas procedentes- que quedaron pendientes del Congreso anterior.

Así lo acordó en la sesión virtual que realizó el lunes 22 dirigidos por su presidente el congresista Roel Alva, quien aseguró que la medida fue adoptada en cumplimiento del artículo 89 del Reglamento del Congreso.

Así la Denuncia Constitucional nro. 143 contra los exmiembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM): Guido Águila Grados, Orlando Velásquez Benites, Iván Noguera Ramos, Hebert Marcelo Cubas, Julio Gutiérrez Pebe, Baltazar Morales Parraguez y el ex consejero Pablo Talavera Elguera, fue delegada en el congresista Carlos Pérez de grupo parlamentario Acción Popular.

Por otro lado, las denuncias constitucionales acumuladas 146 y 148 contra el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde, fueron delegadas en la congresista María Martina Gallardo del grupo parlamentario Podemos Perú. Cabe indicar que la denuncia constitucional 146 fue presentada por el excongresista Daniel Salaverry Villa, quien el 14 de febrero de 2019 remitió su desistimiento, en tanto que la denuncia constitucional 148 fue presentada por la excongresista Yeni Vilcatoma De la Cruz.

Finalmente, la Denuncia Constitucional nro. 322 presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, contra el ex fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, fue delegada al congresista Guillermo Aliaga del grupo parlamentario Somos Perú.

Cabe indicar que, según el indico d) 2, del artículo 89 del Reglamento, los delegados deberán encargarse, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, de los siguientes actos procesales: la determinación de los hechos materia de la investigación, y la evaluación sobre la pertinencia de las pruebas y/o indicios.

Durante la sesión el congresista Gino Costa Santolalla (PM) – quien había sido propuesto para hacerse cargo de las denuncias 146 y 148- presentó una cuestión previa en el sentido de que se revise las decisiones tomadas por el Congreso pasado por considerarlas arbitrarias.

“La anterior comisión archivó la denuncia real por sustracción de pruebas y la denuncia por encubrimiento personal también fue archivada y las dos denuncias tenían penas altísimas por encontrarse responsabilidad penal. Dejó solo la de deslacrado que es una pena de 2 años”, dijo el legislador quien pidió que se realice la investigación por encubrimiento real personal y por el deslacrado.

Por su parte, la congresista Martha Chávez (FP) opinó que se debe priorizar lo actual y posteriormente ir avanzando con todo aquello que está pendiente. “¿Quiénes están interesados en revivir casos?”, preguntó tras aseverar que el tiempo de gestión de la comisión es corto como para revisar lo que hizo el Congreso anterior “Trabajemos a partir del 16 de marzo”, concluyó.

Puesta al voto, la cuestión previa planteada por el congresista Gino Costa fue desestimada.

PROCEDIMIENTO REGLAMENTARIO

El congresista Roel Alva aseguró que los temas puestos a consideración en la sesión responden al cumplimiento de lo establecido en el artículo 89 del Reglamento del Congreso y continuando con los procedimientos establecidos, descartando así algún sesgo político que se le quiera imputar.

“Me siento un poco ofendido porque yo no quiero blindar a nadie. Yo no puedo contravenir las disposiciones del Reglamento del Congreso -en tal caso se podría modificar el artículo 89- pero yo voy a enfrentarme a cualquier forma de obstrucción de la justicia” dijo el legislador tras cual dejó zanjado que “esta gestión no es la continuación de la anterior y eso lo deslindo totalmente”.

El legislador informó que en los próximos días hará llegar a los despachos de los congresistas miembros de la comisión el listado detallado de la situación de los 104 casos que quedaron pendiente.

OFICIOS ENVIADOS

Al inicio de la sesión, el congresista Roel Alva informó que el último viernes presentó 3 oficios al presidente del Congreso de la República y de la Comisión Permanente con la finalidad de reactivar los procedimientos parlamentarios de las denuncias constitucionales que se había quedado en suspenso.

Dijo que solicitó a la Comisión Permanente la revisión de los informes de calificación y posterior debate para el otorgamiento del plazo de investigación en caso corresponda en las siguientes denuncias constitucionales:

“Para que se haga el encargo de las denuncias constitucionales 244, 245 y 246 denuncias que ya estaban notificadas en la anterior gestión y que se requiere determinación de plazo y quien realiza la investigación».

Respecto de las denuncias 35 y 110 solicitó a la Comisión Permanente que designe la subcomisión acusadora respectiva y finalmente, respecto de la denuncia constitucional 19, solicitó se designe a la subcomisión acusadora para llevar el caso de la denuncia al Pleno.

Lima, 22 de junio de 2020

PRENSA-CONGRESO