La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, aprobó el predictamen recaído en el proyecto de ley 4686/2022-CR, que, con texto sustitutorio, propone la ley de protección de los defensores de derechos ambientales.

El predictamen fue aprobado con siete votos a favor y cuatro en contra.

La presidenta de este grupo de trabajo, María Taipe Coronado (PL) sostuvo que la iniciativa tiene por objeto establecer un marco normativo para el reconocimiento y protección de la vida e integridad de los dirigentes y líderes de las comunidades indígenas, que se encargan históricamente de proteger los recursos naturales.

Taipe Coronado, autora del proyecto legislativo, refirió que desde el 2011 alrededor de 29 defensores ambientales fueron asesinados en el Perú, por proteger su territorio del narcotráfico, tala y minería ilegal. “Esta crítica situación que se conoce desde hace tiempo no ha encontrado medidas eficientes”, indicó.

Sobre ello, mencionó que el presente dictamen propone que, por especialidad del asunto, sea el Ministerio del Ambiente quien se encargue, de manera exclusiva, de tramitar ante el ciudadano o defensor la solicitud de protección.

Con relación a los plazos de tramitación, la iniciativa plantea que desde la solicitud hasta la concesión o denegación de reconocimiento de protección transcurre un plazo máximo de 10 días hábiles. Vencido este plazo, sin respuesta, opera el silencio administrativo positivo.

ARCHIVAN SUSPENSIÓN DE RECONOCIMIENTO DE PUEBLOS INDÍGENAS

Con siete votos a favor y tres en contra, el grupo de trabajo envió al archivo el predictamen del proyecto de ley 3518/2022, que propone la ley que modifica la Ley 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.

Durante la sustentación, la presidenta de la comisión señaló que la iniciativa representa un retroceso del Estado peruano, porque desnaturaliza los procesos adecuados establecidos para el reconocimiento y categorización de reservas indígenas a los que están obligados los Estados.

Para la congresista Cheryl Trigozo (APP) es fundamental alertar los peligros de transferir las responsabilidades de reconocimiento de los PIACI a los gobiernos regionales.  En la misma línea se mostró el parlamentario Issac Mita (PL) quien consideró que sería un atentado a los derechos humanos, pues no respeta los convenios internacionales ni la misma Constitución.

OTRAS INICIATIVAS APROBADAS

Con siete votos a favor y tres en contra, se aprobó por mayoría el predictamen recaído en el proyecto de Ley 940/2021-CR, que, con texto sustitutorio, propone la Ley que declara de interés nacional la cancelación definitiva de admisión de petitorios mineros en el área de la montaña de siete colores en el departamento de Cusco.

Con siete votos a favor y tres en contra, se aprobó por mayoría el predictamen recaído en el proyecto de Ley 1916/2021-CR, que, con texto sustitutorio, propone la ley que declara de interés nacional la protección y promoción de las manifestaciones culturales de la comunidad indígena Shipibo – Konibo, como parte del Patrimonio Cultural de la Nación.

Con once votos a favor, se aprobó por unanimidad el predictamen recaído en el proyecto de ley 3431/2022 -CR, que, con texto sustitutorio, propone la ley de protección y conservación del sistema de la cuenca de Lurín.

OFICINA DE COMUNICACIONES