Un 20 por ciento de los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales del Ministerio de Salud, que fueron excluidos durante varios años  del proceso  serán nombrados en forma progresiva.

            Así lo aprobó el martes 15 de enero, en forma unánime, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que preside el congresista Percy Alcalá (FP). La propuesta provino del Poder Ejecutivo.

            De igual manera, se acordó la conformación de una comisión sectorial que se encargue de revisar el nombramiento del personal de salud bajo control de locación de servicios que tuvieron vínculo laboral en la fecha en que entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1153.

            Ese grupo de trabajo propondrá al Ministerio de Salud un plazo de 90 días calendario el marco legal que se requiera para dicho nombramiento.

            Dicho dispositivo – Decreto Legislativo 1153- promulgado el 11 de septiembre de 2013, no comprende a los trabajadores en referencia, pese a que cumplen con las mismas responsabilidades, horarios y carga laboral que los beneficiados.

            Fue después de un debate en el que se dieron las coincidencias en defensa de la salud pública, los derechos de la población a una mejor calidad del servicio y un mejor trato a los trabajadores, en particular de los que quedaron postergados desde el 2014 por cuestiones administrativas.

            La congresista Karina Beteta (FP) insistió en la necesidad de eliminar la inequidad que existe entre los servidores que se distinguen por sus contratos y no por las labores que realizan. “A igual trabajo igual trato”, anotó.

            Su colega de bancada Gilmer Trujillo se pronunció por la necesidad de la conformación de una comisión que evalúe la situación de los trabajadores contratados por servicios no personales. De similar opinión fueron Javier Velásquez Quesquén (CPA) y Oracio Pacori (NP). Éste último refirió que el 20 por ciento del segundo grupo de servidores no llega a mil 200.

            Alcalá Mateo  consideró que la iniciativa es un paliativo frente a los grandes problemas de la salud en el Perú y dijo que después de 25 años no se actualiza el Cuadro de Asignación Personal (CAP) y que es necesario sincerarlo.

            También recomendó la implementación de una planilla única para ordenar el sector que en algunos casos cobran hasta dos veces en diferentes planillas.

            La congresista Marisol Espinoza (APP) dijo que el Poder Ejecutivo ya tiene presupuestado este tema pero no se aplica y se mantiene postergado desde que fue aprobada la ley.

            “De esta manera también se puede garantizar que brinden un mejor servicio. Muchas personas hasta mueren en sus sillas de ruedas esperando atención médica. Eso es absurdo, no puede suceder. Es una injusticia”, expresó.

            El congresista Segundo Tapia (FP), quien es autor de una propuesta que coincide con la del Ejecutivo, puso énfasis en la necesidad de hacer justicia a los servidores contratados como locación de servicios en los que existen sentencias firmes. En ese sentido invocó al gobierno a volcar su mirada a ese sector. (MED)

PRENSA CONGRESO