Del total de las leyes sancionadas en el primer año legislativo 2016-2017, el Congreso de la República aprobó dos enmiendas constitucionales y diez normas legales que, por sus alcances, constituyen verdaderos hitos por el impacto social y económico a nivel nacional.

Las dos reformas constitucionales está referidas al reconocimiento en la Carta Magna del derecho de acceso al agua como otro de los derechos de la persona humana y, la ampliación del plazo de detención preventiva para el ciudadano que infringa la ley.

 La primera reforma constitucional está consagrada en la ley 30588 que añade un inciso en el artículo 7 de la Constitución Política mediante el cual el Estado garantiza el derecho de toda persona en forma progresiva y universal de acceder al agua potable. Se reconoce al agua como un recurso natural esencial, bien público y patrimonio de la Nación.

 La otra enmienda constitucional consiste en la ampliación del plazo máximo de detención por cualquier delito a cuarenta y ocho horas y la detención preventiva puede extenderse a 15 días naturales cuando se trate de la investigación de delitos cometidos por organizaciones criminales, tal como ocurre en los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. 

Se trata de la modificación del literal f del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política contenida en la ley 30558.

APOYO A DAMNIFICADOS POR NIÑO COSTERO

 El Parlamento aprobó también la reestructuración agraria especial, mediante la ley 30573, en auxilio de los miles de productores agropecuarios que fueron afectados por el Fenómeno El Niño Costero. 

Por mandato de esta norma se crea el Fondo de Reestructuración Agraria Especial en favor de aquellos productores del campo que tengan deudas vencidas con las instituciones del sistema financiero reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros. También se dispuso la extinción de las deudas pendientes de pago en el marco del Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria (PREDA).

La ley 30570 es histórica porque por primera vez el Parlamento fijó las normas básicas y los lineamientos generales para el funcionamiento de la Biblioteca Nacional del Perú, establecida mediante decreto del Generalísimo don José de San Martín, protector de la Independencia del Perú, el 28 de agosto de 1821.

Otra herramienta legal dada por el Congreso para ayudar al Poder Ejecutivo en la tarea de reconstruir y rehabilitar las zonas urbanas y rurales afectadas por las lluvias torrenciales, huaicos e inundaciones ocurridas en el  verano pasado es la ley 30556, denominada Ley para la Reconstrucción con Cambios. 

En dicha norma legal se crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y comprende una serie de disposiciones de carácter extraordinario para la intervención del Gobierno frente a los desastres naturales.

INGRESO GRATUITO A MUSEOS

Gracias a la ley 30550 -que modifica el artículo 481 del Código Civil- en adelante los jueces considerarán como un aporte económico el trabajo doméstico no remunerado para fijar la pensión alimentaria.  

La Representación Parlamentaria no solamente puso fin, desde enero pasado, al cobro en los recibos de luz de una serie de cargos -como el CASE, tarifario SISE y TRS- para la construcción del ahora postergado proyecto Gasoducto del Sur Peruano. Por mandato de la ley 30543, que elimina el cobro de afianzamiento de seguridad energética, el Poder Ejecutivo está obligado a devolver dicho importe a los usuarios del servicio energético. 

Desde el domingo 2 de julio, todos los peruanos disfrutamos el ingreso gratuito a todos los sitios arqueológicos, museos y lugares históricos abiertos al público y administrados por el Estado, excepto el Parque Nacional Arqueológico MachuPicchu. Por mandato de la ley 30599, este acceso gratuito solamente regirá el primer domingo de cada mes, para todos los ciudadanos peruanos, excepto los extranjeros no residentes en el país.

 El Congreso de la República aprobó cambios sustanciales en el funcionamiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). La ley 30535, le fija nuevos roles: rendirá cuentas sobre el uso de los «recursos especiales» en forma permanente, no cumplirá funciones operativas ni tácticas porque se abocará a tareas estratégicas y será supervisada por la Comisión de Inteligencia del Congreso y por la Contraloría General de la República.  

CONTRA LA INFORMALIDAD

 Más de un millón 600 mil de las micro y pequeñas empresas (Mypes) -que representan el 93.3% de las empresas formales en el país- son las beneficiadas con la ley 30524, más conocida como el «IGV justo». Se trata de un importante incentivo para reducir los altos niveles de informalidad que existen en el país. Mediante esa ley se permite la prórroga del pago del impuesto general a las ventas (IGV) a favor de las Mypes con ventas anuales de hasta mil 700 Unidades Impositivas Tributarias.

 El Congreso aprobó la ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes. La ley 30512 regula la creación, licenciamiento, régimen académico, gestión, supervisión y fiscalización de los institutos de Educación Superior (IES) y escuelas de Educación Superior (EES) públicas y  privadas. Están comprendidos en esta ley los institutos y escuelas de Educación Superior públicos y  privados, nacionales y extranjeros, con excepción de las escuelas e institutos superiores de formación artística. (JSR)

 PRENSA CONGRESO