Tras la alerta pública de Lima Airport Partners (LAP) sobre el riesgo de inundación del aeropuerto internacional Jorge Chávez ante una eventual crecida del río Rímac, el diputado Carlos Yalta encabezó una inspección de fiscalización junto con funcionarios de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público para verificar las condiciones de los trabajos de limpieza y descolmatación ejecutados por el Gobierno Regional del Callao (GORE Callao).

La diligencia se realizó en el tramo comprendido entre los puentes Bailey de acceso al aeropuerto y la avenida Faucett, donde la evaluación técnica advirtió que las intervenciones no habrían cumplido con el retiro integral de los sedimentos acumulados en el cauce.

Según lo constatado durante la inspección, en diversos sectores los trabajos se limitaron a remover y apilar el material colmatado en las márgenes del río, sin completar su extracción, transporte y disposición final en un depósito de material excedente autorizado.

“Este material colocado a los costados ni siquiera sirve de refuerzo porque no es compacto. El caudal puede arrastrarlo y provocar obstrucciones más abajo, con el consiguiente incremento del nivel del río. Estos trabajos no garantizan una adecuada canalización. La responsabilidad es del Gobierno Regional del Callao, que no solo pone en riesgo al aeropuerto, sino también a las familias chalacas que viven en las zonas aledañas”, alertó Yalta.

Precisó que una eventual inundación no afectaría únicamente las operaciones del aeropuerto. También pondría en peligro a miles de pasajeros, trabajadores y familias del Callao, además de interrumpir el transporte de mercancías y una de las principales conexiones logísticas del país. Asimismo, enfatizó, se podrían producir daños estructurales en los puentes modulares de acceso con el riesgo de no solo aislar el aeropuerto, sino inundaciones de la avenida Néstor Gambetta y anegamientos de las canalizaciones eléctricas subterráneas.

El diputado Carlos Yalta inspeccionó el cauce del río Rímac junto con la Contraloría y la Fiscalía. Autoridades constataron deficiencias e irregularidades en los trabajos de limpieza y descolmatación.

“La falta de evacuación del material extraído no puede quedar sin consecuencias. Estamos ante trabajos que tenían como finalidad prevenir inundaciones, pero se ha dejado sedimentos acumulados en las laderas. Esto podría generar responsabilidades administrativas y penales si las investigaciones determinan la existencia de conductas ilícitas. La Contraloría y la Fiscalía deben establecer quiénes son los responsables”, sostuvo el legislador chalaco.

Despacho del  diputado Carlos Yalta