Diputada Verónica Yonz impulsa proyecto de ley que permitiría adoptar medidas preventivas inmediatas, separar temporalmente al estudiante del espacio compartido con el docente ante situaciones de riesgo y prohibir represalias contra profesores que denuncien agresiones.

Frente a los casos de agresiones físicas, amenazas, hostigamiento y violencia psicológica contra profesores, la diputada Verónica Yonz Núñez, de Renovación Popular, impulsa el Proyecto de Ley N.° 00617-2026-2031-CD, que propone garantizar protección inmediata a docentes de colegios públicos y privados cuando sean víctimas de violencia por parte de estudiantes, sin necesidad de presentar previamente una denuncia policial, fiscal o judicial.

PL-00617-2026-2031-CD

La iniciativa surge en un contexto preocupante: entre enero y agosto de 2026 se registraron 11 805 reportes de violencia escolar en el Perú, según cifras del SíseVe. De estos, 8156 correspondieron a hechos entre escolares. Aunque estas cifras no representan agresiones contra profesores, evidencian problemas de convivencia escolar. Además, el proyecto advierte que las estadísticas públicas del SíseVe no cuentan con una categoría equivalente que permita dimensionar específicamente la violencia ejercida por estudiantes contra docentes.

Una de las principales propuestas es que los colegios adopten medidas inmediatas de protección, como acompañamiento institucional al profesor, reorganización temporal de espacios y, cuando sea indispensable para evitar nuevas agresiones, la separación temporal del estudiante del espacio compartido con el docente afectado. Estas medidas deberán ser proporcionales, justificadas y garantizar la continuidad educativa del alumno, sin constituir una expulsión ni una sanción anticipada.

¡Los docentes que denuncien no podrán sufrir represalias! El proyecto también establece que, si la dirección del colegio no actúa frente a una agresión, el profesor podrá recurrir a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) para solicitar su intervención. Asimismo, las instituciones educativas deberán documentar los hechos, realizar seguimiento de las medidas adoptadas e incorporar pautas de protección en sus reglamentos internos.

La propuesta legislativa busca cerrar una brecha en la protección institucional de los docentes, sin vulnerar los derechos de los estudiantes ni crear nuevas sanciones disciplinarias. De aprobarse, el Ministerio de Educación tendrá un plazo máximo de 90 días calendario para reglamentar la ley, con el objetivo de fortalecer la seguridad de los profesores y promover una convivencia escolar basada en el respeto y la prevención de la violencia.

Despacho de la Diputada Verónica Yonz