En un esfuerzo por abordar las crecientes preocupaciones sobre la seguridad en las vías terrestres y el bienestar de las víctimas de accidentes de tránsito, el congresista Wilson Soto Palacios presentó el Proyecto de Ley 8925/2024-CR que busca modificar la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, con el objetivo de garantizar una mejor protección para los agraviados y asegurar el pago de la reparación civil a los deudos.

La propuesta legislativa tiene como objetivo principal la modificación de varios artículos clave de la Ley N° 27181, con el fin de fortalecer la responsabilidad civil y administrativa en casos de accidentes de tránsito.

La ley propuesta introduce cambios significativos en la regulación del seguro obligatorio, la cobertura de gastos médicos y la indemnización a las víctimas, así como en las sanciones impuestas a conductores y empresas de transporte responsables de accidentes graves.

El proyecto de ley garantiza una cobertura integral para la salud y reparación civil, asegurando que los seguros obligatorios cubran todo el tratamiento y las indemnizaciones necesarias.

Introduce sanciones más severas, incluyendo la inhabilitación permanente y la cancelación de licencias para responsables de accidentes graves, junto con multas coercitivas por incumplimiento de medidas administrativas.

Además, refuerza la responsabilidad administrativa y penal de conductores y empresas de transporte, exigiendo seguros vigentes para operar en vías públicas.
El Perú enfrenta una alarmante tasa de accidentes de tránsito, muchos de los cuales resultan en lesiones graves o la pérdida de vidas humanas.

Las estadísticas recientes muestran que las deficiencias en la infraestructura vial, el estado técnico de los vehículos y la falta de pericia de los conductores contribuyen significativamente a estos eventos trágicos.

Las familias afectadas a menudo enfrentan una dura batalla para cubrir los costos médicos y funerarios, además de enfrentar la falta de respuesta adecuada por parte de los responsables.

“Este proyecto de ley es una respuesta directa a la necesidad urgente de mejorar la seguridad vial en nuestro país y de proporcionar un apoyo real a las víctimas y sus familias. No podemos seguir permitiendo que los ciudadanos sufran las consecuencias de accidentes que, en muchos casos, podrían haberse evitado. Con esta ley, buscamos no solo sancionar a los responsables de manera justa, sino también garantizar que las víctimas reciban la atención y el apoyo que merecen”, puntualizó Wilson Soto Palacios.

DESPACHO CONGRESAL