La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) planteó una alternativa de solución extraordinaria para más de 1,200 egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), tras la reunión sostenida este 18 de noviembre entre la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Katy Ugarte, y el superintendente Manuel Castillo Venegas. La medida responde a la urgente necesidad de garantizar el derecho irrenunciable a la inscripción de grados y títulos, gravemente afectado por la crisis interna de autoridades en la UNI.

La congresista Katy Ugarte, en representación de la Comisión de Defensa del Consumidor, reiteró la gravedad de la situación. “Estamos ante una vulneración flagrante del principio del interés superior del estudiante. Los jóvenes no pueden pagar las consecuencias de disputas internas. La inscripción de grados y títulos debe ser garantizada sin dilación”, afirmó. Ugarte indicó que su presencia en SUNEDU responde a la urgencia de exigir una salida inmediata frente al perjuicio que enfrentan los egresados.

Durante el encuentro, el director del Servicio de Evaluación Superior Universitaria, Vicente Espinoza, explicó que la SUNEDU enfrenta impedimentos administrativos para registrar los diplomas enviados por la universidad, debido a que estos llevan firmas no reconocidas en el Registro de Autoridades. “El superintendente ha dispuesto que en la próxima sesión del Consejo Directivo se evalúe una alternativa extraordinaria. La preocupación es legítima y debemos priorizar el interés superior del estudiante”, señaló. Añadió que ya se inició un procedimiento administrativo sancionador, cuyo proceso tomará algunos días, pero que la urgencia de los afectados es comprendida plenamente.

El conflicto se originó tras la renuncia del rector Alfonso López Chau para iniciar una campaña presidencial, lo que desencadenó una controversia sobre la designación de autoridades interinas. Según SUNEDU, la elección del rector interino Arturo Talledo no siguió el procedimiento establecido en la Ley Universitaria, y la modificación posterior de estatutos por una comisión ad hoc agravó la situación. La universidad, por su parte, sostiene que el organismo supervisor invade su autonomía. Este entrampamiento institucional ha impedido la inscripción de títulos, afectando directamente a casi 1,200 egresados que necesitan acreditar su formación para trabajar o continuar estudios.

Como resultado de estas gestiones, la SUNEDU anunció que en la próxima sesión de su Consejo Directivo se agendará el reconocimiento excepcional de los grados y títulos de los egresados afectados, un paso decisivo que permitirá restituir sus derechos y brindar seguridad jurídica a miles de familias. “Este avance es fundamental para que los estudiantes puedan acceder a oportunidades laborales y académicas sin seguir siendo víctimas de un conflicto ajeno a ellos”, subrayó Ugarte.