Existe una frase muy conocida, “El trabajo dignifica al hombre”, esta, sin duda, debiera ser la máxima que guía y orienta las acciones de todos los ciudadanos en un país que aspira a desarrollarse de manera sostenida y sostenible.

Los peruanos se caracterizan por ser trabajadores, emprendedores y luchadores, es una herencia cultural de nuestros ancestros milenarios, quienes ante las adversidades y la geografía agreste de nuestro territorio supieron erigir imperios muy prósperos.

Partiendo de lo señalado, surge una pregunta respecto al tratamiento que deberían recibir los presos que se encuentran detenidos en las cárceles peruanas. ¿Es correcto que quienes delinquieron sigan siendo una carga económica para el Estado?  ¿Deberían desde las cárceles en las que se encuentran generar ingresos trabajando para cubrir esos egresos?

Llama la atención que organizaciones defensoras de derechos humanos parecen no estar de acuerdo con esta postura, comprendiendo que pedirles dicha retribución, atenta contra los derechos elementales de quienes purgan cárcel por delitos cometidos.

Actualmente, de acuerdo con cifras oficiales, el Estado gasta más de diez mil soles por cada preso al año. Esto contrasta diametralmente con la inversión que se da en el sector educación, en donde apenas se invierte alrededor de tres mil quinientos soles anuales por alumno de educación primaria. Considerando la elevada incidencia de la delincuencia en todo el país, cada año se malgastan alrededor de ochocientos millones de soles en brindar manutención a delincuentes que causaron un daño irreparable a la sociedad.

Adicional a ello, nuestro sistema penitenciario, lejos de rehabilitar a los presos, los vuelve más avezados y contribuye a aumentar significativamente la probabilidad de reincidencia. Tal como lo explica las estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), cerca al treinta por ciento de prisioneros son reincidentes.

Ante esta situación resulta imperativo que los presos trabajen para pagar su sustento. No es posible que los peruanos, que día a día se esfuerzan por llevar un pan a su mesa sean los que pagan la manutención de quienes han violado las leyes y causado mucho daño a la sociedad.

El Estado puede crear programas de trabajo que brinden a los presos la oportunidad de aprender nuevas habilidades y adquirir experiencia laboral, lo que puede ayudarlos a reintegrarse en la sociedad una vez que sean liberados.

Adicional a ello, al trabajar y ganar su propio dinero, los presos adquirirían un sentido de responsabilidad y respeto por sí mismos. Esto puede ayudarlos a sentir una sensación de logro y un mayor sentido de propósito. Los reclusos que trabajan tendrán menos tiempo de inactividad, lo que puede llevar a menos problemas dentro de la prisión.

Esta sería la mejor vía para que los presos contribuyan activamente a la sociedad y dejen de ser una carga para los contribuyentes.

El Estado no puede ser cómplice de delincuentes, protegiéndolos bajo su manto sin darles responsabilidades. Es un despropósito seguir manteniendo esa postura en una sociedad responsable, esperando que la gente trabajadora continúe pagando el sustento de gente de mal vivir.

Si realmente buscamos construir un país diferente, responsable, que premie al trabajador y buen ciudadano, es urgente cambiar radicalmente las leyes que imperan actualmente en el Perú en materia de Seguridad.

Fernando Arce Alvarado

Parlamentario Andino