• Comprar un celular robado constituye el delito de receptación y es como comprar autopartes robadas. Pero no podemos mandar a la cárcel a miles de compradores a diario.

El legislador Alfredo Pariona propone el PL 2257 que centra en brindar a la sociedad medidas que busca luchar el flagelo de la alta sustracción de teléfonos celulares en nuestro país, que oscilan en 4000 al día según OSIPTEL, que aunado a su capacidad de reventa, por las necesidad de trabajo remoto o clases virtuales, ha generado un mercado negro, cuya tolerancia social tiñe de sangre las calles.

Comprar un celular robado, constituye el delito de receptación. Es como comprar autopartes robadas. Pero no podemos mandar a la cárcel a miles de compradores a diario. Con ello, la sociedad viene normalizando la compra de estos equipos.

Proponemos por ello, tomando como base la muerte civil incorporada a este país, para los infractores de las Disposiciones sanitarias por la Pandemia del COVID-19, DECRETO LEGISLATIVO N.º 1458,  medida para desalentar el consumo, sancionando a todos los compradores y por ende a los ciudadanos que usen o compren celulares con IMEI adulterado, CON LA PROHIBICIÓN realizar trámites civiles por un (1) año tales como: suscripción de cualquier tipo de contrato civil, trámites ante las entidades bancarias, cualquier acto notarial o ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), realizar viajes al interior y exterior del país; y en general todo trámite ante la administración pública. Este procedimiento estará a cargo del Ministerio del Interior.

Todo ciudadano puede comprobar fácilmente si el IMEI es adulterado, le explico: marca el *#06# y deberá comprobar que ese número en pantalla, programable, coincida con el IMEI real que está grabado en la parte posterior del equipo móvil o atrás de la batería si es extraíble. Solo así podremos desalentar este delito y actuar como sociedad responsable.

Adicionalmente proponemos por ello agravar la conducta con pena de 6 a 10 años para el receptador que vende equipos móviles en establecimientos comerciales.

Lima, 3 de junio de 2022

DESPACHO CONGRESAL