El congresista representante de la región Ica, Jorge Marticorena, presentó un proyecto de ley que busca incluir dentro de un proceso sancionador a aquellas personas naturales o jurídicas que contraten con el Estado a través de terceros, cuyos contratos sean mencionados en los informes de control que realiza la Contraloría General de la República, ya sea por oficio o porque surjan de una denuncia.

La propuesta legislativa busca que la Contraloría General de la República, como ente rector, tenga la potestad de control y fiscalización en todo el Estado. Esto incluye la facultad de identificar a aquellas personas que afecten el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, independientemente del tipo de vínculo que los une a la administración pública para que formen parte del proceso sancionador y paguen mediante resarcimiento efectivo los daños causados al Estado. Por lo cual es necesario modificar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.“Cabe señalar que, la Contraloría General de la República actualmente carece de un marco legal para iniciar acciones inmediatas, cuando en la ejecución del trabajo de auditoría se evidencien indicios razonables de comisión de delito o responsabilidad civil, en cautela de los intereses del Estado”, la Norma. Tras ser advertido de las denuncias, el auditor solicita el apoyo legal necesario, sin perjudicar la continuidad de la auditoría; mientras que el resarcimientoiento de los perjuicios ocasionados al Estado a partir de la responsabilidad civil identificada en los informes de control de la de la Contraloría, incorporan sólo a funcionarios o servidores públicos, (por lo general sujetos de escasa solvencia económica) y no a los terceros o contratistas, quienes muchas veces resultan corresponsables del daño causado al Estado.De acuerdo a la Contraloría, anualmente se interponen demandas indemnizatorias por millones de soles contra cientos de servidores públicos que ocasionan perjuicios económicos al Estado. En el año 2020 se emitieron 434 informes de control por presunta responsabilidad civil por un monto total de S/. 388,697,326.83 de perjuicio económico, en el 2021 se emitieron S/. 610 informes determinando un total de S/.1,628,409,990.00 y durante el 2022 se emitieron 749 informes de control con un perjuicio económico de S/. 784,569,210.06.

En resumen, durante los últimos tres años se han emitido 1,792 informes de control con presunta responsabilidad civil, habiendo detectado un perjuicio económico de aproximadamente 2,800 millones de soles.

Despacho del congresista Jorge Marticorena

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