En una jornada marcada por tensiones políticas, pero también por consensos necesarios, el Congreso aprobó el Texto Sustitutorio que recoge el Proyecto de Ley 8846, impulsado por el congresista Elvis Vergara, una norma que marca un antes y un después para miles de trabajadores que enfrentaron la pandemia desde la primera línea bajo contratos CAS temporales.

Vergara, quien ha asumido esta bandera desde el inicio de su gestión, calificó la aprobación como “un acto de justicia largamente postergado”. Y no es para menos: la medida permitirá el nombramiento progresivo y meritocrático de los profesionales del MINSA, EsSalud y de unidades ejecutoras regionales contemplados en las Leyes 31538 y 31539, quienes pasarán —en un proceso ordenado de cinco años— al régimen laboral 728.

“Ellos arriesgaron sus vidas por nosotros. Lo justo era asegurarles un futuro digno”, declaró el parlamentario ucayalino durante su intervención en el Hemiciclo. “Hoy honro mi palabra con una norma responsable, técnica y fiscalmente viable”.

Una reforma que ordena, prioriza y no genera gasto adicional

El texto aprobado plantea requisitos claros para garantizar la idoneidad y transparencia del proceso, así como criterios de priorización basados en la reducción de brechas de personal, especialmente en el primer nivel de atención, donde la pandemia dejó secuelas estructurales.

Además, la ley no representa gasto extra para el Estado, pues se ejecutará según la disponibilidad presupuestal anual de cada entidad, obligando al MINSA y EsSalud a elaborar estudios técnicos actualizados y convocar concursos internos de méritos bajo criterios verificables de igualdad de oportunidades.

Este enfoque fue resaltado por diversas bancadas, que coincidieron en que la iniciativa evita improvisación, respeta la meritocracia y contribuye a fortalecer el sistema de salud sin afectar la sostenibilidad fiscal.

Un mensaje político desde Ucayali

Vergara, representante por Ucayali, ha reiterado que su compromiso prioritario es con los trabajadores del país, pero especialmente con los de su región, muchos de los cuales se mantuvieron en condiciones precarias pese a haber enfrentado la etapa más crítica del COVID-19.

“La estabilidad laboral no es un premio, es un derecho. Y con esta norma empezamos a saldar una deuda con quienes sostuvieron hospitales colapsados, postas sin recursos y servicios de emergencia al límite”, afirmó.

Un avance clave en un contexto de desconfianza hacia la política

En un escenario nacional donde el descrédito hacia la clase política sigue en aumento, esta aprobación representa también un mensaje potente: cuando hay voluntad técnica y política, es posible construir acuerdos e impulsar reformas que cambien vidas reales.

Para Vergara, el reto ahora es asegurar que el Ejecutivo implemente la ley con celeridad y transparencia: “Seguiremos vigilantes. Esta victoria es de los trabajadores, pero el cumplimiento depende de un Estado que funcione”.