• Funcionarios y usuarios de la sociedad civil reclaman urgente decisión política que garantice acceso al agua potable

El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco) del Congreso de República, Wilson Soto Palacios, lanzó una alerta sobre la precariedad de los servicios de las empresas prestadoras de servicios, la inacción del gobierno para abordar esta urgente problemática y advirtió sobre la crítica situación del abastecimiento de agua potable en Piura.

Soto Palacios quien encabezó una audiencia pública en Piura, señalo que, si no actuamos de manera decisiva en el presente, los próximos cinco años podrían sentenciar a los habitantes de Piura a una realidad desoladora: la carencia absoluta de un recurso vital como lo es el agua potable.

“Es imperativo que tomemos medidas contundentes y urgentes en este momento para evitar un escenario catastrófico en el futuro cercano”, anotó.

«Nosotros siempre estaremos al lado de los usuarios», enfatizó Soto Palacios, destacando el compromiso de la comisión para canalizar las denuncias y defender los derechos de los consumidores.

“Esta preocupación no es infundada, ya que el problema del suministro de agua potable lleva más de 20 años sin resolverse, particularmente en manos de la Empresa Prestadora de Servicios Grau”, subrayó el legislador.

El gerente general de la EPS Grau, Marco Tulio Vargas, tras admitir la insolvencia de la empresa, lamentó que esta situación crítica se evidencia en la obsolescencia de las plantas de tratamiento, algunas con más de 60 años de antigüedad y en la disminución de la calidad del agua durante los últimos 13 años.

Según Vargas la empresa enfrenta un déficit operacional mensual cercano a los 4 millones de soles, mientras que la deuda total asciende a 380 millones de soles, con un preocupante 60% de esta deuda pertenece a entidades estatales como Sunass, Sunat y EsSalud.

El representante de la Sunass, José Patiño Vera, expresó su crítica al Estado por el continuo incumplimiento con los ciudadanos piuranos en lo que respecta al suministro de agua potable.

“Con más de 21 años de declaratoria de insolvencia para la empresa responsable, se han vulnerado no solo los derechos de los habitantes de Piura, sino también de millones de peruanos. Es evidente la urgencia de tomar medidas concretas y efectivas, en lugar de simples parches, para abordar esta problemática. Se hace necesaria una decisión política inmediata para garantizar el acceso sostenible al agua potable y al alcantarillado para la población piurana” subrayó.

Patiño Vera reveló que, el año pasado, se recibieron más de 10 mil denuncias, destacando a Piura como líder en este preocupante ranking. Es momento de que las autoridades asuman su responsabilidad y tomen medidas concretas para asegurar el derecho fundamental de todos los ciudadanos a un suministro adecuado de agua potable y servicios de saneamiento básico, añadió.

Durante la audiencia pública, se informó que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha transferido 20 millones de soles para adquirir equipos de bombeo; sin embargo, estas medidas son insuficientes frente a la magnitud del problema.

La Región Piura se enfrenta a un futuro desolador si no se buscan nuevas fuentes de abastecimiento, con la amenaza de cierre de pozos en los próximos 5 años.

La falta de agua potable de calidad no solo constituye una violación a los derechos de los piuranos, sino también un riesgo para la salud pública, como lo denunció la jefa de la Oficina Defensorial de Piura, Milagros Arica. La presencia de arsénico en el agua ha generado graves afectaciones, especialmente en niños menores de 12 años y gestantes.

Los congresistas piuranos, Miguel Ciccia (RP) y Heydi Juárez (PP), coincidieron en la necesidad de impulsar mejoras en los servicios de agua y alcantarillado, reconociendo que esta es una de las principales problemáticas que enfrenta la región, sobre todo en los sectores menos favorecidos.

En esta reunión también estuvieron presentes representantes de entidades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la empresa ENOSA, quienes se sumaron al llamado de atención sobre la urgente necesidad de soluciones integrales y sostenibles para abordar la crisis en Piura.

COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS