Katy Ugarte pide sustento técnico y medidas de protección para familias vulnerables

La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República, Katy Ugarte expresó su profunda preocupación frente al reciente anuncio del incremento de hasta el 12% en las tarifas del servicio de agua potable que será aplicado a los hogares peruanos. La medida, que impacta directamente en la economía familiar y en el acceso a un servicio público esencial, motivó una acción inmediata de control político y defensa de los derechos de los usuarios.

La presidenta de la Comisión dirigió un oficio al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate, solicitando un informe detallado y debidamente documentado para que explique los criterios técnicos que sustentan la adopción de este incremento tarifario. El pedido se formula considerando que el ministerio cumple el rol de ente rector en materia de los servicios de agua potable y saneamiento a nivel nacional.

Asimismo, la titular de la Comisión requirió información precisa sobre las acciones que el sector Vivienda ha adoptado o adoptará para mitigar los efectos de esta medida en la población más vulnerable, en concordancia con los principios de equidad, continuidad y accesibilidad que rigen la prestación de los servicios públicos esenciales. El objetivo es garantizar que ningún hogar vea comprometido su derecho al acceso al agua potable por razones económicas.

“La ciudadanía tiene derecho a saber por qué se incrementan las tarifas de un servicio básico como el agua y, sobre todo, qué se está haciendo para proteger a quienes menos tienen. Desde el Congreso no vamos a permitir decisiones que perjudiquen injustificadamente a los consumidores”, señaló la presidenta del referido grupo de trabajo, Katy Ugarte, reafirmando su compromiso con una vigilancia firme frente a posibles abusos.

Ugarte enfatizó que el control de las tarifas de los servicios públicos no solo responde a criterios técnicos, sino también a un enfoque social que priorice el bienestar de las familias peruanas. “El acceso al agua potable es un derecho fundamental y cualquier ajuste tarifario debe ser razonable, transparente y socialmente responsable”, agregó la congresista.

La Comisión continuará dando seguimiento a este tema para asegurar que las autoridades competentes actúen en estricto respeto de los derechos de los usuarios de los servicios públicos.

DESPACHO DE LA CONGRESISTA KATY UGARTE