El Decreto de Urgencia N.° 010-2025, emitido de manera apresurada y sin un análisis integral que vaya más allá de lo estrictamente financiero, pone en evidencia una alarmante miopía política y una peligrosa ausencia de visión de país. Esta norma desconoce deliberadamente el rol estratégico de la empresa más importante con la que cuenta el Estado peruano y, con ello, desvaloriza la soberanía energética como uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional.

Es innegable que en los últimos años PETROPERÚ ha enfrentado serias dificultades financieras. Sin embargo, afirmar que PETROPERÚ se encuentra “en quiebra” no solo es una simplificación burda, sino también una afirmación engañosa. La empresa mantiene un patrimonio neto positivo de aproximadamente US$ 2,200 millones, según datos oficiales al tercer trimestre de 2025. Esto demuestra con claridad que el problema central no es la insolvencia estructural, sino un severo estrés de liquidez producto de malas decisiones de gestión y un endeudamiento excesivo. En consecuencia, lo que se requiere no es privatizar, sino implementar un plan serio de recuperación basado en eficiencia, profesionalismo y control.

Más aún, PETROPERÚ ha demostrado que puede competir y recuperar terreno cuando se le permite operar con criterios técnicos. De acuerdo con su propio plan estratégico, la empresa incrementó su participación de mercado del 25% al 29% en 2024, y proyecta alcanzar una cuota promedio del 35% entre 2025 y 2030, fortaleciendo su presencia en el mercado interno de combustibles y en exportaciones regionales. Estas cifras evidencian que existe capacidad real de recuperación y crecimiento cuando la empresa es conducida con seriedad, transparencia y visión de largo plazo.

No obstante, bajo el disfraz de un lenguaje técnico y supuestamente “reestructurador”, el D.U. 010-2025 no apunta a fortalecer a PETROPERÚ, sino a mutilarla y debilitarla de manera progresiva e irreversible. Se ataca así a una institución estratégica que garantiza el abastecimiento energético del país, contribuye a la regulación de precios de los combustibles, genera miles de empleos directos e indirectos y constituye una de las pocas herramientas efectivas con las que cuenta el Estado para impulsar un desarrollo sostenible, inclusivo y descentralizado.

La experiencia histórica demuestra que la interpretación restrictiva del principio de subsidiariedad del Estado en el Perú ha fracasado estrepitosamente en múltiples sectores estratégicos. En este contexto, avanzar hacia la privatización de PETROPERÚ significaría condenar a nuestros hermanos de la Amazonía y de las zonas más alejadas del país a pagar costos energéticos muy por encima del promedio nacional, limitando gravemente sus posibilidades de desarrollo, integración y progreso. Se trata de una decisión que profundiza las brechas territoriales y perpetúa el abandono estructural del Perú profundo.

Resulta especialmente preocupante que muchos —en particular funcionarios del actual gobierno— parezcan olvidar que, solo en la última década, PETROPERÚ ha aportado más de nueve mil millones de dólares en impuestos al erario nacional. El afán mercantilista, cortoplacista y desprovisto de sentido histórico termina imponiéndose sobre cualquier compromiso real con el interés nacional. Cuando el lucro inmediato se antepone al bien común, es el país entero el que termina pagando el costo.

Por ello, lo afirmamos con claridad y firmeza: no a la mutilación ni a la privatización de PETROPERÚ, y menos aún impulsada por un gobierno deslegitimado y de transición como el actual. Avanzar en ese camino es darle la espalda al Perú olvidado, al Perú profundo que exige oportunidades, equidad y justicia social. Lo que PETROPERÚ necesita con urgencia no es su desmantelamiento, sino una gestión técnica, responsable y absolutamente transparente, alineada con las mejores prácticas internacionales en gobernanza y política energética.

Defender PETROPERÚ es, en última instancia, defender la soberanía, el desarrollo y el futuro del Perú.

PARLAMENTO ANDINO