Durante su novena sesión ordinaria, la Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por el congresista Manuel García Correa, recibió al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes Espejo, para abordar las preocupaciones relacionadas con los accesos y operación del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC).

El ministro explicó que, según lo acordado con el concesionario, las operaciones se centralizarán en el nuevo terminal, mientras que las instalaciones del antiguo aeropuerto serán destinadas a oficinas administrativas tales como Migraciones, Aduanas, Policía Nacional del Perú, entre otros. Esta decisión busca optimizar la experiencia del usuario y maximizar el uso de la infraestructura moderna.

Respecto a los accesos, se informó que la construcción del Puente Santa Rosa, planificada como vía principal, no pudo ejecutarse debido a problemas en los procesos de contratación. Como medida temporal, se han instalado puentes modulares para garantizar conectividad vial. Además, el ministro destacó que el puente definitivo ha sido incluido en el contrato Estado a Estado con la PMO VÍAS de Francia y estaría culminado para el 2027.

En cuanto al acceso peatonal, se explicó que los usuarios podrán llegar al nuevo terminal a través de un recorrido de aproximadamente 300 metros desde la vía libre. Para facilitar este desplazamiento, estarán disponibles servicios de transporte público, como buses implementados por la ATU, además de opciones de transporte privado, incluyendo taxis y vehículos particulares.

Respecto al transporte público, el nuevo AIJC ha sido identificado como una Centralidad de Demanda Excepcional (CDEa), lo que permitirá implementar servicios expresos que conecten de manera directa las principales zonas de Lima y Callao con el terminal aéreo. Según el informe, se han seleccionado 41 rutas preliminares y tres operadores principales que cumplirán con estándares de calidad y sostenibilidad.

En el ámbito legislativo, la comisión aprobó por unanimidad el predictamen recaído en los Proyectos de Ley 5467/2022-CR, 9084/2024-CR y 9362/2024-CR, que regula el arrendamiento turístico mediante la creación del Registro Digital de Arrendamiento Turístico (REDAT). Este marco normativo busca proteger los derechos de los consumidores y garantizar transparencia en esta actividad económica en crecimiento, conocida como Airbnb.

“Con este dictamen, fortalecemos la regulación del arrendamiento turístico temporal, promoviendo un servicio seguro que garantice la protección de los consumidores y fomente prácticas responsables,” señaló el congresista García Correa

Lima, 04 de diciembre de 2024

DESPACHO DEL CONGRESISATA MANUEL GARCÍA CORREA