Podemos Perú priorizará para que se debata dictamen que prohíbe esta mala práctica comercial.

 El gobierno está institucionalizando el acoso y la coacción con la entrega en vigor del reglamento de la Ley 29733, Ley de protección de datos personales, cuando en realidad se deben prohibir las llamadas spam que se ha convertido en un nuevo problema para millones de peruanos.

Así lo denunció el congresista José Luna Gálvez, quien anunció que planteará en la sesión de la Junta de Portavoces la priorización del debate del proyecto de ley 3541, de su autoría, que prohíbe en definitiva este sistema de acoso y coacción.

“Los peruanos tenemos derecho a nuestra tranquilidad y este reglamento es una manera de legalizar este sistema de acoso y coacción de estas empresas. Demandaré en la Junta de Portavoces que se agende de inmediato la votación del dictamen que plantea su prohibición definitiva, salvo que el propio consumidor así lo desee”, señaló Luna Gálvez.

Para el parlamentario, el reglamento de la Ley 29733, Ley de protección de datos personales, no combate la coacción de las llamadas spam, pues apenas determina que las empresas deben realizar una comunicación con los usuarios para solicitarles el consentimiento para recibir más llamadas comerciales.

“Legaliza esta práctica invasiva y perturbadora de nuestra tranquilidad”, dijo.

El portavoz de la bancada de Podemos Perú sostuvo que su proyecto que prohíbe este sistema de comercialización ha sido aprobado en tres oportunidades y en todos los casos ha sido observado por el Ejecutivo.

“El dictamen deja en claro el derecho de todo consumidor a la protección contra los métodos comerciales agresivos o engañosos, e implica que los proveedores no pueden llevar a cabo prácticas que mermen la libertad de elección del consumidor, a través del acoso, la coacción o la influencia indebida. Esta decisión solo beneficia a los call center, en perjuicio del resto de los peruanos”, dijo.

Esta norma prohíbe el uso de los call centers, sistemas de llamado telefónico, envió de mensajes de texto a celular o de mensajes electrónicos masivos para promover productos y servicios, así como el servicio de telemercadeo no solicitados.

Luna Gálvez indica que el dictamen, sin embargo, permite que el usuario tenga la posibilidad de expresar, si así lo desea, su consentimiento libre e informado, para ser contactado telefónicamente o mediante correo electrónico u otra forma de comunicación, y recibir las ofertas del producto o servicio.

«Pero el reglamento invierte esta posibilidad, y hace que cualquier usuario deba expresar su negativa a seguir recibiendo estas comunicaciones. Eso es totalmente contrario a los derechos del consumidor», recalcó.

DESPACHO DEL  CONGRESISTA JOSÉ LUNA GÁLVEZ