Dictamen internacional advierte reformas fragmentadas y riesgos de politización. También destaca el trabajo de la comisión de reforma presidida por Maricarmen Alva

La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, emitió su dictamen sobre un conjunto de reformas constitucionales y legislativas relativas al Poder Judicial en el Perú, en el que advierte serias debilidades estructurales y plantea la necesidad de una reforma integral, con consenso y enfoque institucional.

El informe fue adoptado en su 146ª sesión plenaria, realizada en Venecia los días 6 y 7 de marzo de 2026, tras una solicitud presentada en septiembre de 2025 por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ante preocupaciones sobre el impacto de diversas reformas en la independencia judicial.

El dictamen evalúa iniciativas legislativas impulsadas en los últimos años y concluye que estas se han desarrollado “en rápida sucesión y de manera descoordinada”, lo que impide analizar adecuadamente su impacto conjunto sobre el equilibrio institucional del país.

En esa línea, el organismo europeo señala que el enfoque actual -basado en reformas parciales y simultáneas- no solo resulta insuficiente para corregir las fallas del sistema, sino que podría profundizar problemas como la inestabilidad institucional, la falta de coherencia normativa y la debilidad de los mecanismos de control.

Advierten riesgos para la independencia judicial

Entre sus principales conclusiones, la Comisión de Venecia advierte que ciertas propuestas legislativas -particularmente aquellas que no forman parte de un enfoque integral- pueden representar un retroceso, al afectar la independencia judicial, el equilibrio de poderes y el funcionamiento del sistema democrático.

Asimismo, identifica problemas estructurales relevantes, como el alto número de jueces con nombramientos temporales, situación que debilita la estabilidad en el cargo y puede generar riesgos de presión política o institucional sobre los magistrados.

El informe también advierte sobre el riesgo de politización en decisiones clave, como el nombramiento de jueces, señalando que la participación de órganos políticos sin suficientes garantías puede derivar en que prevalezcan criterios distintos al mérito, afectando la independencia judicial.

De igual manera, cuestiona mecanismos como la ratificación periódica de jueces, al considerar que pueden convertirse en herramientas de control, y recomienda avanzar hacia sistemas de evaluación continua basados en criterios objetivos.

Reconocimiento al enfoque de reforma integral

En paralelo, la Comisión de Venecia se refirió al trabajo de la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria del Congreso encargada de formular una propuesta de reforma integral del sistema de justicia, presidida por la congresista Maricarmen Alva.

El organismo destacó que esta comisión “ha llevado a cabo amplias consultas, lo cual es encomiable”, y señala que una futura reforma del sistema de justicia debería desarrollarse sobre la base de este tipo de enfoque integral, evitando la actual dinámica de reformas fragmentadas.

No obstante, advierte que dichas propuestas aún no han sido implementadas y que su eventual desarrollo dependerá del próximo Parlamento, lo que refuerza la necesidad de dar continuidad a una reforma estructural.

Al respecto, la congresista Maricarmen Alva señaló que el informe constituye “una evaluación técnica clara sobre la situación del sistema de justicia y la forma en que deben abordarse las reformas”.

“Este informe no es un respaldo político, es un llamado a hacer bien las cosas. Nos dice que el Perú necesita una reforma integral, coherente y respetuosa de la independencia judicial”, afirmó.

Un diagnóstico que marca la agenda

El pronunciamiento de la Comisión de Venecia reabre el debate sobre la necesidad de una reforma profunda del sistema de justicia en el Perú. Más allá de las iniciativas en curso, el informe
deja en claro que el principal desafío no es solo reformar, sino hacerlo con coherencia, consenso y visión de largo plazo.

Despacho de la congresista Maricarmen Alva