Aprueban proyecto de ley para que Contraloría tenga capacidad de sancionar a servidores que no corrijan hechos de corrupción e irregularidades.

El informe semestral de la Comisión de Control Concurrente y Anticorrupción del Congreso revela que el costo inicial de 573 obras públicas en Lambayeque, La Libertad, Loreto, Piura, Tumbes, Ica, Arequipa y Cusco se incrementó en S/ 33 mil millones, mientras 898 de esos proyectos permanecen paralizados con un presupuesto comprometido de S/ 2,124 millones.

El informe semestral de la comisión que preside José Luna Gálvez, aprobado por unanimidad en la comisión, advierte de un esquema de corrupción e irregularidades, alimentado por sobrecostos, mala calidad y retrasos.
Según el documento, más del 13 % de cada sol invertido termina en manos de actores corruptos.

“Lo decimos con firmeza: la lucha contra la corrupción no puede tener excepciones, ni privilegios, ni zonas intocables. O el control es para todos, o no sirve. Este informe semestral espera convertirse en una herramienta de defensa de los intereses de la patria ante la Corrupción”, señaló Luna Gálvez.
En las ocho regiones, 299 proyectos, a cargo de los gobiernos regionales, registraron incrementos mayores de S/ 17,323 millones. De estos, 10 obraS superaron el 1,000%; 48 obras triplicaron su costo y 15 superaron el 600%.

En el caso del Gobierno Nacional, este ejecuta, en los 8 departamentos, 274 inversiones, que han incrementado sus costos de viabilidad en más de 100%, y que representan más de 15,617 millones de soles.

Pese a que el control concurrente ha cumplido un rol fundamental para frenar cada acto de corrupción e irregularidad, y que ha logrado evitar el saqueo de S/ 14,289 millones entre el 2021 y 2023, esta modalidad de control se ha visto amenazada ante la ofensiva del gobierno y del propio contralor, quien ha incluido recortes de presupuesto, despidos de personal técnico y la amenaza de eliminarlo por completo, mediante ley.

SANCIÓN A CORRUPTOS

De otro lado, la comisión aprobó también por unanimidad un proyecto de ley que autoriza a la Contraloría sancionar a los funcionarios y servidores que no corrijan a tiempo las situaciones adversas y riesgos de corrupción advertidos durante las intervenciones del control concurrente.

“No nos vamos a quedar callados, no vamos a ser cómplices ni vamos a dejar pasar semejante ultraje a los fines del dinero público que es el bienestar de nuestra gente”, dijo Luna Gálvez.

Así también se sancionará el no transferir fondos para el control concurrente; ignorar las observaciones de la Contraloría o incumplir funciones técnicas que paralizan obras públicas.
La propuesta incorpora las conductas infractoras específicas sujetas a sanción por parte de la CGR, y define con mayor precisión los tipos y modalidades de control interno y externo.

Con la incorporación de estas conductas infractoras específicas sujetas a sanción por parte de la CGR, y definir con mayor precisión los tipos y modalidades de control interno y externo, se fortalece el control concurrente.

Además, otorga a la Contraloría más capacidad operativa para actuar a tiempo.

“Esta propuesta es el resultado de un análisis detallado de todas las situaciones y recomendaciones que se han venido dando a lo largo de las sesiones extraordinarias descentralizadas. Si bien es cierto, queda mucho por proponer, esto es fundamental para fortalecer a la Contraloría y por ende al control concurrente”, sostuvo Luna Gálvez.

Comisión de Control Concurrente y Anticorrupción del Congreso