Presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Katy Ugarte formula un llamado al presidente Jería no abandonar la lucha contra la ola criminal que asola el país

La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Katy Ugarte, exigió formalmente a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez Cuba, un informe detallado sobre las acciones adoptadas tras el ofrecimiento presidencial de brindar apoyo económico y psicológico a los menores de edad que quedaron en condición de orfandad por el asesinato de transportistas, intensificando de esta manera su rol de fiscalización frente a los efectos sociales de la violencia y la extorsión que golpean al transporte público.

El requerimiento parlamentario surge ante la creciente preocupación por el presunto incumplimiento del Estado en la protección de niñas, niños y adolescentes que, además de perder a sus padres de manera violenta, permanecen en una situación de extrema vulnerabilidad. La Comisión advierte que esta omisión podría constituir una grave afectación a derechos fundamentales, comprometiendo el deber constitucional del Estado de garantizar atención oportuna y efectiva a las poblaciones más afectadas por la inseguridad ciudadana.

Este escenario se agrava aún más cuando, en las últimas horas, se ha registrado un preocupante incremento de asesinatos vinculados al sicariato y a las redes de extorsión. A esta cadena de crímenes se suma la reciente revelación del presidente José Jerí, quien reconoció que el Ejecutivo no estaría en condiciones de hacer frente de manera efectiva a esta ola criminal, una afirmación que ha generado alarma. “Para la Comisión de Defensa del Consumidor, esta admisión confirma la urgencia de adoptar medidas inmediatas y coordinadas, no solo para frenar la violencia, sino también para garantizar que el Estado no abandone a los menores de edad que hoy quedan huérfanos y sin la protección económica y psicológica que se les prometió” agregó la legisladora Katy Ugarte

En su oficio, la congresista Ugarte solicitó información precisa sobre el número total de menores identificados como huérfanos de transportistas asesinados, desagregados por región; los casos que ya han recibido apoyo económico y psicológico; las coordinaciones interinstitucionales realizadas para elaborar un padrón completo de beneficiarios; y las dificultades que enfrenta el sector para implementar las medidas anunciadas. La solicitud se sustenta en el artículo 96 de la Constitución y en los artículos 69 y 87 del Reglamento del Congreso, que facultan la labor de control político.

“La violencia no solo arrebata vidas, también deja familias desamparadas. El Estado no puede prometer protección y luego dar la espalda a los niños que hoy sufren las consecuencias más dolorosas de la criminalidad”, señaló la presidenta de la Comisión, al remarcar que el Congreso mantendrá una vigilancia estricta para evitar abusos, negligencias o dilaciones injustificadas en perjuicio de los consumidores y la ciudadanía.

La preocupación legislativa se ve reforzada por una reciente denuncia periodística, que reveló que la mayoría de las familias de transportistas asesinados por extorsiones aún no recibe el apoyo prometido. Según el reportaje, durante el gobierno de Dina Boluarte se anunció la ayuda, pero no se elaboró un registro integral de fallecidos. Esta omisión tampoco habría sido corregida por la actual administración encabezada por el presidente del Consejo Directivo del Congreso, José Jerí, lo que impide identificar adecuadamente a los beneficiarios.

Datos de la Fiscalía señalan que entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025 se registraron 91 asesinatos vinculados a ataques armados contra el transporte público; sin embargo, el Ministerio del Interior solo remitió una lista de 40 choferes fallecidos al Inabif, entidad encargada de la asistencia. Olga Ramos Huamán, directora de la Unidad de Asistencia Económica y Acompañamiento de dicha institución, reconoció que la información es incompleta. “Para la Comisión de Defensa del Consumidor, corregir estas fallas no solo es una obligación legal, sino un imperativo ético para devolverle al Estado credibilidad y garantizar que la protección prometida llegue, sin excusas, a quienes más la necesitan”, anotó la congresista Ugarte.

COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR   CONGRESISTA KATY UGARTE