En una sesión clave del pleno, el Congreso de la República aprobó con 98 votos a favor el proyecto de ley 6832, impulsado por la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, presidida por el congresista Manuel García Correa. Esta norma modifica el Decreto Legislativo 1338, que establece el registro nacional de equipos terminales móviles, y otorga a las víctimas de extorsión la facultad de solicitar directamente el bloqueo de su línea telefónica, fortaleciendo así la seguridad ciudadana.

Además, la normativa establece que el usuario puede solicitar a la operadora de telecomunicaciones el bloqueo del IMEI del dispositivo o la suspensión temporal del servicio público móvil vinculado a la línea utilizada para extorsionarlo. Las empresas operadoras tienen un plazo de doce horas para procesar el requerimiento del usuario afectado y, una vez recibido este, están obligadas a ejecutar el bloqueo o suspensión solicitada en un máximo de tres horas.

La ley aprobada atiende una problemática recurrente: cuál es que las víctimas de extorsión, debido a la normativa actual, se ven desprotegidas al no poder solicitar la baja de sus equipos en casos de amenaza. Esta situación expone a las víctimas a la posibilidad de que los delincuentes continúen utilizando sus líneas para hostigarlas y perpetuar sus actos criminales.

Con esta modificación, se les otorga a los usuarios afectados la capacidad de solicitar el bloqueo de su línea con el respaldo de una denuncia formal ante la Policía Nacional. Este bloqueo no afectará al titular legal de la línea, y se hará exclusivamente para cesar las amenazas de manera rápida y efectiva. La propuesta también aborda el uso de líneas adquiridas clandestinamente o duplicadas, que son comúnmente utilizadas para actos ilícitos.

La aprobación de este proyecto de ley representa un avance significativo en la protección de los derechos de los ciudadanos frente al incremento de la criminalidad en el país, y es un paso firme del Congreso en la lucha contra la extorsión y la inseguridad.

DESPACHO DEL CONGRESISTA MANUEL GARCÍA CORREA