El transporte y custodia de dinero y valores son un servicio de alto riesgo teniendo en cuenta el aumento de asaltos con armas de fuego que ponen en riesgo la vida de los trabajadores, por lo que es necesario que todos los vehículos que realizan este servicio sean blindados y certificados por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).

Así lo planteó esta mañana la congresista Norma Yarrow (Avanza País) quien sustentó su proyecto de ley ante la Comisión de Defensa Nacional.
“No otorgarles los medios adecuados para que puedan cumplir con sus labores sería una negligencia por parte del Estado, y un proceder pasivo por parte de sus empleadores que son las empresas que formar parte de este sector, incrementando la posibilidad de ataques que pueden perjudicar a terceros”, agregó.

Sin embargo –advirtió la parlamentaria—“el artículo 11° del Decreto Legislativo N° 1213 no contempla como obligación que los vehículos usados para este servicio estén blindados”.

“Es por ello, es necesario establecer las características con las que deben contar los medios de transporte para realizar el servicio de seguridad privada en la modalidad de transporte de dinero y valores va a permitir de alguna manera salvaguardar la vida e integridad de las personas, y va a mitigar en la medida de lo posible los riesgos a los que constantemente se encuentran expuestos”, detalló.

La parlamentaria, por lo tanto, consideró relevante modificar algunos aspectos del artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1213, con la finalidad de permitir fortalecer la supervisión, fiscalización, regulación y sanción de los servicios de seguridad privada, así como garantizar que la seguridad privada pueda cumplir con su rol de colaboración a la seguridad ciudadana.

Por último, Yarrow Lumbreras recordó que durante la pandemia debido al COVID-19, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y sus programas nacionales “utilizaron los servicios de seguridad privada para el transporte y custodia de dinero en efectivo que se entregó a los beneficiarios de los programas sociales y de los subsidios monetarios individuales, llamados bonos”.

DESPACHO CONGRESAL