La congresista Katy Ugarte ha presentado el Proyecto de Ley N.º 1949, Ley que incorpora a las víctimas de esterilizaciones forzadas en el Plan Integral de Reparaciones, con la finalidad de que las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos producidas en el gobierno del expresidente de la República, Alberto Fujimori Fujimori, reciban una reparación integral en el marco de lo dispuesto en la Ley N.° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones-PIR.

En la exposición de motivos del mencionado proyecto de ley se señala que “nuestro ordenamiento jurídico garantiza la protección de la dignidad y la salud de las personas, así como su integridad y el derecho a recibir información adecuada y a dar consentimiento sobre ciertas intervenciones en materia de salud, sin dejar de mencionar la obligación del Estado peruano de proteger los derechos humanos a la luz del marco normativo internacional que en la materia el Estado peruano ha ratificado, conforme a la Constitución Política”.

Ello, en referencia a que, tal como lo han denunciado las propias víctimas, en el gobierno de Fujimori, desde el Ministerio de Salud, se dirigió una estrategia estatal focalizada hacia la población rural y campesina, a fin de disminuir la tasa de natalidad en esta población y, supuestamente, luchar contra la pobreza, por lo que se empleó la anticoncepción quirúrgica.

Es así que estas intervenciones quirúrgicas han sido cuestionadas por la falta de consentimiento previo, informado y libre, por el contrario, se ha conocido por declaraciones de las víctimas que muchas de ellas eran engañadas y presionadas para someterse estas intervenciones que son irreversibles y que llevó a varias de ellas a la muerte o afectaciones serias a su salud física y mental, motivo por el cual demandan reparaciones en salud, en educación, entre otras.

“De aprobarse esta iniciativa legislativa se estará asumiendo y cumpliendo una obligación pendiente del Estado peruano con las víctimas de las esterilizaciones forzadas, de acuerdo a nuestra Constitución Política y compromisos internacionales asumidos por nuestro país a través de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos”. Así lo aseveró la parlamentaria Ugarte.

De acuerdo a la información pública, serían cerca de 270 mil mujeres esterilizadas de manera forzada y cuyo caso emblemático es el de Mamérita Mestanza, quien murió el año 1998 producto de la intervención quirúrgica anticonceptiva, sin ningún consentimiento ni exámenes previos. Por ello, el Estado peruano ha reconocido esta responsabilidad internacional ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) en el 2003, a través de un Acuerdo de Solución Amistosa.

Lima, 5 de mayo de 2022

DESPACHO CONGRESAL