Que sea la ciudadanía quien decida: referéndum para elegir a una Asamblea Constituyente, es el Proyecto de Ley de reforma constitucional que presentó la congresista del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, cuyo propósito es que se modifique el artículo 206 de la Constitución Política del Perú para que se convoque a un referéndum en nuestro país.

De ser aprobado el *Proyecto de Ley N° 7426/2020-CR: ‘Ley de reforma constitucional de convocatoria a un referéndum para elegir a una Asamblea Constituyente’*, el Presidente de la República, tendrá que convocar a un referéndum dentro de los siguientes ocho meses.

Este Proyecto de Ley se justifica porque todas las iniciativas legislativas antes presentadas habían cifrado sus expectativas en que el 11 de abril se lleve a cabo el referéndum. Esto ya no es posible, lo que no significa que no sea necesario llevar a cabo la consulta a la ciudadanía sobre la nueva Constitución cuando haya pasado lo peor de la pandemia.

La Asamblea Constituyente estaría conformada por 130 asambleístas elegidos en distrito electoral múltiple. En cada circunscripción electoral se elegirán no sólo a través de partidos políticos sino también por medio de listas ciudadanas representativas, respetándose los criterios de paridad de género. Para los pueblos indígenas u originarios y el pueblo afroperuano se elegirá una circunscripción electoral especial, debiendo ser representados en un número de escaños que refleje la misma proporción de quienes se identifican como tales en el Censo Nacional que se realizó en el 2017.

La elección tendría que llevarse a cabo el segundo domingo del mes de junio del año 2022, luego de la proclamación y acreditación de los asambleístas electos por el Jurado Nacional de Elecciones, debiendo instalarse el 28 de julio. En un plazo de nueve meses, los asambleístas tendrán que redactar y aprobar la propuesta de texto de la Nueva Constitución. Podrán tener una prórroga de tres meses, pero solo por única vez. Por su parte, el presidente de la República, convocará a referéndum para que la ciudadanía sea quien apruebe o rechace la Nueva Constitución, en un plazo no mayor de cuatro meses.

De prosperar y aprobarse la Ley, el jefe de Estado deberá convocar al Congreso de la República para que promulgue la Nueva Constitución. Asimismo, tendrá que ser publicado en el diario oficial en los siguientes tres días para su entrada en vigor. A partir de esa fecha quedará derogada la Constitución Política de 1993.

La aprobación de esta iniciativa legislativa significará para el país beneficios que se obtendrán al plasmar aquellas reformas que permitirán devolver al país un nuevo pacto social que signifique un buen funcionamiento de un Estado que priorice las necesidades ciudadanas en el marco del respeto a los derechos fundamentales.

Finalmente, una de las principales motivaciones de la congresista Silva Santisteban para la presentación del presente Proyecto de Ley es la incapacidad del texto constitucional de 1993, para permitir las acciones insuficientes del Ejecutivo que afronten la crisis sanitaria en el contexto del Covid-19. Es decir, determinadas cláusulas constitucionales de la denominada Constitución Económica habrían sido determinantes para impedir un papel más activo en el manejo y respuesta a las necesidades y urgencia de la gran mayoría de la ciudadanía. Por todo ello, la parlamentaria del Frente Amplio ratifica su compromiso de trabajo y lucha por seguir aportando con leyes justas que reconozcan y garanticen derechos para todos y todas sin discriminación.

Lima, 03 de abril de 2021.

Despacho Congresal