• El Proyecto de Ley busca que los equipos sean inscritos en Registros Públicos evitando que terminen siendo utilizados por la minería informal.

La minería y construcción son actividades que requieren el uso intensivo de maquinaria pesada de manera indispensable, lo que representa una importante oportunidad de desarrollo del sector de provisión de estos bienes; pero a la vez puede generar un riesgo, ya que tales maquinarias pueden terminar siendo utilizadas en la minería ilegal, ya que estos equipos no requieren inscripción registral.

La intención de este proyecto es que esta maquinaria sea obligatoriamente registrada en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, estableciendo trazabilidad, determinando su origen y como llegó a dar soporte a las actividades ilícitas, centrándose  exclusivamente en la maquinaria pesada que agrupa los equipos de construcción, izado y movimiento de tierras, entre otros, diseñados para ejecutar tareas altamente especializadas, que hoy no cuentan con ningún tipo de registro, salvo cuando están asociados a la pequeña minería o minería artesanal, lo que no es una solución pues se necesita tener una concesión o derecho minero para inscribir esta maquinaria y lo que vemos en la minería ilegal es un total incumplimiento de la ley.

De acuerdo con datos del Ministerio de Energía Minas: “Las inversiones proyectadas para los próximos años tanto en exploración, explotación y ampliaciones mineras superan los US$ 58 mil millones. La cartera estimada de estos proyectos mineros destaca inversiones muy importantes en Cuzco, Cajamarca, Moquegua, Tacna, Ica, Lima, Arequipa, Junín, Piura, Ancash, Huancavelica y Lambayeque”.

De otro lado, la industria de la construcción, si bien es cierto a la fecha no se encuentra trabajando a su máxima capacidad como consecuencia de la crisis generada por el COVID19, dado nuestro déficit de infraestructura y las medidas de reactivación económica que está tomando el Gobierno Nacional, se avizora un importante crecimiento sectorial.

Si analizamos las noticias de los últimos diez o quince años, vamos a encontrar constantes noticias respecto al resultado de las acciones de interdicción que realizan las Fuerzas Policiales y las Fuerzas Armadas, todas las cuales culminan con la destrucción de importante número de máquinas. Para un ejemplo, en la edición del Diario El Comercio del 24 de mayo del 2017, se da cuenta que en una sola intervención la policía destruyó maquinaria por USD$3’500,000.00.

¿De dónde sale esta maquinaria? ¿Quién es su actual propietario y quiénes fueron sus anteriores propietarios? Son preguntas que a partir del registro de propiedad, podrían las autoridades conocer sin mayor dificultad.

Lima, 24 de agosto de 2020

DESPACHO CONGRESAL