Cusco, 15 Nov : Aproximadamente 80 familias de la comunidad de Kokaratte de la provincia de Espinar, en la región Cusco, están expuestas a los efectos radiactivos del plomo, cadmio y mercurio, así como otros metales pesados que afectan la salud de sus integrantes. Así lo constató el congresista Manuel García Correa, presidente de la Comisión parlamentaria que investiga la situación de las familias que se ven afectadas por metales tóxicos.

El parlamentario Correa lamentó de que estas familias no cuenten con el servicio básico de alumbrado a pesar de existir un sistema eléctrico en la zona. “Como puede ser posible que estas familias no pueden contar con los servicios básicos. Cómo podemos ser tan intolerantes”, sentenció el legislador.

Por su parte, el gerente de la dirección regional de Salud, César Ramírez Escobar, refirió que en el plan de acción de esa dependencia para los años 2021, 2022 y 2023 se consignó un presupuesto de 7 millones de soles, el mismo que, según dijo, resultó insuficiente para emprender acciones como la vigilancia epidemiológica a los pobladores afectados, el control de calidad del agua potable y aplicar acciones preventivas.

Por falta de presupuesto se mantiene una deficiente infraestructura y falta de equipamiento de recurso humano para atender integralmente la salud de la población expuesta a los metales tóxicos. “Hemos realizado muestreo en todas las comunidades que están en el ámbito del proyecto minero y encontramos Aluminio, Arsénico. No hemos encontrado  en el agua plomo y eso es importante “, informó el funcionario.

Durante la sesión descentralizada en el auditorio de l Gerencia Regional de Salud se informó que las personas expuestas a los metales pesados sufren las consecuencias de los pasivos ambientales, de las unidades mineras activas, zonas de actividad minera ilegal e informal y de los, ductos mineros, además de la presencia de metales pesados en el agua destinada al consumo humano.

Guisela Noguera, representante de la gerencia regional de Energía y Minas, informó que la minería ilegal se ha incrementado en las provincias de Paucartambo, Chumbivilcas y Espinar de Cusco, lo que agrava la situación. La funcionaria dio a conocer que durante el 2022 se presentaron 35 denuncias ambientales, de las cuales solo 11 fueron atendidas.

A su turno, la doctora Rosa Santa Cruz Córdova, de la Defensoría del Pueblo, alertó que existen 7,956 pasivos ambientales en el Perú. Precisó que en la región Cusco existen 291 pasivos ambientales mineros, pero en ninguno de ellos se ha identificado a un responsable y tampoco cuentan con algún instrumento de gestión ambiental. “ De manera reiterada la Defensoría del Pueblo está insistiendo para que el Ministerio de Energía y Minas pueda avanzar con este tema”, dijo la funcionaria.

En la sesión descentralizada en Cusco los los funcionarios coincidieron en señalar que se requiere brindar una atención integral a las personas expuestas, y propusieron que, para minimizar el riesgo y prevenir nuevos casos, se requiere aprobar e implementar el plan multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a los metales tóxicos, así como aprobar el reglamento de la Ley destinada a fortalecer la prevención, mitigar los efectos y brindar atención sanitaria a la población afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias tóxicas.

En la sesión  también participaron representantes del MINSA, SENASA, ESSALUD, OEFA entre otros.

CONGRESISTA MANUEL GARCÍA CORREA