La congresista Esmeralda Limachi presentó el Proyecto de Ley N° 13931 que propone la incorporación progresiva de los trabajadores del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), contratados a plazo indeterminado bajo el régimen CAS, al régimen laboral del Decreto Legislativo 728. La iniciativa busca fortalecer la estabilidad laboral, profesionalizar el servicio público y asegurar la continuidad en la atención de poblaciones vulnerables, sin generar gastos adicionales al Tesoro Público.

Esmeralda Limachi, quien ha sostenido una línea de trabajo enfocada en la defensa de los derechos laborales y el fortalecimiento de las instituciones que cumplen un rol social clave. La propuesta reconoce que los trabajadores del INABIF desempeñan funciones permanentes y esenciales, especialmente en la protección de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y familias en situación de riesgo.

La norma establece requisitos claros para la incorporación, como la existencia de contrato CAS a plazo indeterminado, el ingreso mediante concurso público o servicios previos, y una antigüedad mínima en la institución. Asimismo, plantea una implementación progresiva en un plazo máximo de tres años, respetando criterios de meritocracia, capacidad y disponibilidad presupuestal, lo que permite una transición ordenada y responsable.

En relación con el alcance social de la iniciativa, la congresista Limachi señaló que “no se puede hablar de protección integral a la niñez y a las familias si quienes sostienen estos servicios trabajan en condiciones de inestabilidad. Este proyecto busca hacer justicia laboral y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de la atención que brinda el Estado a quienes más lo necesitan”.

Finalmente, el proyecto se enmarca en una tendencia normativa orientada a reducir la precarización laboral en el sector público y a garantizar igualdad de derechos para trabajadores que cumplen funciones permanentes. Con esta iniciativa, se reafirma el compromiso de la congresista Esmeralda Limachi con una gestión pública más justa, profesional y alineada con la protección de los derechos fundamentales de las poblaciones vulnerables del país.

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