Con la finalidad de ordenar la ocupación informal del suelo, evitando el uso indiscriminado del mismo, la Comisión de Vivienda aprobó por unanimidad, el dictamen del Proyecto de Ley 600/2021-CR, mediante el cual se propone la ley que establece que impide la titulación de corralones y lotes en abandono en los procesos de formalización. La titulación del lote no debe ser mayor a 220 metros, señala el dictamen.

“Este proyecto nace en vista de la realidad que no podemos negar. No solamente invade quien necesita un lote, sino que también, personas inescrupulosas que quieren negociar con terrenos, y ahí es donde empieza el tráfico de terrenos. En Ancash, en la Libertad y en muchos otros departamentos estos actos han causado muertes. El objeto de esta iniciativa es que si va haber estas expansiones urbanas sea para ciudadanos que realmente necesita un lote para vivir”, dijo el congresista Darwin Espinoza Vargas, autor de esta iniciativa legislativa.

Asimismo, este grupo de trabajo, aprobó por amplia mayoría el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 580/2021-CR, mediante el cual se propone la ley que establece criterios de atención prioritaria para la titulación automática de posesiones informales en centros urbanos informales, urbanizaciones populares y asentamientos humanos no formalizados. Esto con el fin de otorgar criterios de atención prioritaria al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), institución que debe de oficio evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley, a fin de proceder al saneamiento y titulación de terrenos ocupados por posesiones informales en centros urbanos informales, urbanizaciones populares y asentamientos humanos con el objetivo de permitir a la población en situación vulnerable y de escasos recursos económicos a que acceda al derecho constitucional a la vivienda sobre inmuebles de propiedad estatal con fines de vivienda.

“Al 2017 tenemos que el 9.3% de hogares a nivel nacional presentan déficit habitacional cualitativo, de lo cual en la zona rural es el 19.2%, y en el área urbana alcanza el 6.3%, esta estadística es importantísimo, porque en esta situación de pandemia es fundamental aligerar esta carga para aquellos que no tienen una vivienda. En ese tenor, tenemos a millones de familias en esta situación crítica, en un escenario difícil, es por eso que considero que darles este beneficio a los pobladores que ahora mismo están esperando que como Estado se haga presente y simplifiquen los trámites en aras de una reactivación económica efectiva. Ellos no podrían hacer una construcción en un lugar que no les pertenece”, sostuvo la congresista Noelia Herrera Medina, autora de esta iniciativa legislativa.

Durante la sesión, expuso la Sra. Karina Huamán, funcionaria de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), explicó la ejecución de programas y proyectos de infraestructura en saneamiento, vivienda y prevención de desastres a nivel nacional.

En ese sentido, explicó que la ARCC está a cargo actualmente de la ejecución del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios que fue concebido originalmente tras el último Fenómeno de El Niño del año 2017.

“El costo inicial fue de 25 655 millones de soles para reponer infraestructura dañada en transporte, saneamiento, pistas y veredas, agricultura, salud, educación y defensa”, manifestó.

Finalmente, la funcionaria detalló que actualmente se han realizado un total de 11084 intervenciones en los campos mencionadas, de los cuales se tiene un 54% de obras terminadas y un 79% de obras financiadas. Por lo tanto, se tienen 250 intervenciones pendientes de realizar.

Lima, 18 de enero de 2022