Durante su sexta sesión ordinaria, la Comisión Especial Multipartidaria de Reforma del Sistema de Justicia, presidida por la congresista Maricarmen Alva, advirtió deficiencias críticas en diversos componentes del sistema de justicia, tras recibir los informes técnicos de representantes del Ministerio de Justicia, la Procuraduría General del Estado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia.

Uno de los datos más alarmantes fue presentado por el INPE: el 87 % de los reclusos en el país reincide en el delito tras salir en libertad, lo que refleja un serio fracaso del sistema penitenciario en su función de rehabilitación y reinserción social. Además, el hacinamiento carcelario sigue siendo extremo, con niveles que superan ampliamente la capacidad instalada, situación que ha sido calificada como inconstitucional por el propio Tribunal Constitucional. A pesar de algunas obras de ampliación en penales de Abancay, Iquitos, Arequipa y Pucallpa, la crisis persiste. Se informó también que el Ministerio de Justicia se encuentra próximo a privatizar el servicio de control de ingreso y salida en penales como Lurigancho y Castro Castro.

En lo que respecta a la defensa pública, se reportó que actualmente solo hay 2,216 defensores públicos para todo el país, una cifra insuficiente para responder a la demanda de servicios legales gratuitos, que superó los tres millones de atenciones entre 2023 y 2025. Esta carga desproporcionada se ve agravada por la falta de infraestructura adecuada, condiciones laborales precarias y la inexistencia de una carrera profesional que garantice estabilidad y especialización. Entre las reformas propuestas figura la creación de una Superintendencia de Defensa Pública y la modificación de la Ley del Servicio de Defensa Pública.

Por su parte, la Procuraduría General del Estado informó que, si bien ha logrado recuperar más de S/ 401 millones por concepto de reparación civil y más de 32 millones de metros cuadrados de terrenos del Estado, enfrenta una grave brecha de procuradores y un presupuesto que limita su capacidad operativa. También se alertó sobre el déficit de sedes propias y las condiciones técnicas del personal a nivel nacional.

La presidenta de la Comisión, Maricarmen Alva, señaló que estos hallazgos ratifican la necesidad urgente de emprender una reforma estructural del sistema de justicia. “Los diagnósticos recogidos son contundentes. Nuestro país no puede seguir permitiendo un sistema que margina a los más vulnerables, que no resocializa y que no garantiza una verdadera justicia para todos”, afirmó.

DESPACHO CONGRESISTA MARICARMEN ALVA

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