Comisión de Pueblos saluda decisión de la Corte Suprema de Justicia y exige a los grupos parlamentarios priorizar el debate del dictamen que refuerza las Áreas Naturales Protegidas
La Mesa Directiva de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República (CPAAAAE) saluda el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la República, emitido en el marco de la Acción Popular N° 19816-2024, que declaró infundada la demanda de la Sociedad Nacional de Pesquería y reafirmó la prohibición de la pesca industrial en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), ratificando la finalidad de conservación que justifica su existencia.
En coherencia con esta decisión judicial, la CPAAAAE aprobó el dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 5666/2023-CR, 6668/2023-CR y 7157/2023-CR, que, mediante texto sustitutorio, propone incorporar el artículo 27-A a la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, estableciendo de manera expresa que el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos en las ANP solo podrá autorizarse para la acuicultura y la pesca artesanal, y prohíbe expresamente la pesca de mayor escala en todas las ANP, marinas o continentales, disponiendo que los permisos otorgados con anterioridad se adecuen a este nuevo marco legal.
Actualmente, el referido dictamen se encuentra en agenda del Pleno del Congreso, por lo que la CPAAAAE exhorta a los grupos parlamentarios a asumir su responsabilidad política e institucional, priorizando su debate y votación, a fin de garantizar la protección efectiva de las ANP y su sostenibilidad.
En la misma línea, la congresista Silvana Robles, presidenta de la CPAAAAE, presentó el Proyecto de Ley N° 13603/2025-CR, que propone derogar el Decreto Supremo N° 006-2025-PRODUCE, norma que modifica los reglamentos de la Ley General de Pesca y debilita el régimen de fiscalización y sanción de la actividad pesquera, particularmente al interior de las ANP.
La CPAAAAE reafirma su compromiso con la protección de la fauna silvestre, los ecosistemas frágiles y los derechos de las comunidades indígenas, e insta a las autoridades competentes a reforzar los mecanismos de vigilancia, control y sanción frente a actividades ilegales o incompatibles con los objetivos de conservación.
DESPACHO DE LA CONGRESISTA SILVANA ROBLES – COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS