La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), presidida por la congresista Silvana Robles, en su Décima Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el martes 17 de marzo de 2026, aprobó por unanimidad el dictamen de no aprobación y envío al archivo del Proyecto de Ley N° 13003/2025-CR, que propone la “Ley que declara de urgente necesidad la atención y solución de la problemática de poblaciones asentadas en áreas de conservación regional”.

La congresista Silvana Robles sustentó la decisión de archivo en el hecho de que la propuesta contraviene categóricamente el marco constitucional y legal vigente, pues “establecer procesos para la regularización de derechos de uso y tenencia de tierras” en Áreas de Conservación Regional debilitaría la obligación constitucional del Estado, consagrada en el artículo 68 de la Carta Magna, de promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas.

El archivo del proyecto fue respaldado por un amplio consenso técnico de entidades como el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), entre otras, que remarcaron la no viabilidad de la iniciativa legislativa, en tanto su aprobación “contravendría la naturaleza jurídica de patrimonio de la Nación y de dominio público que ostentan las ACR, al permitir la adjudicación en propiedad de espacios que, al momento de su creación no contaban con dicha condición”.

La presidenta de la Comisión destacó que se debe prevenir la generación de incentivos para la ocupación ilegal y el tráfico de tierras en ecosistemas frágiles, evitando un retroceso en la protección de las Áreas de Conservación Regional y asegurando el respeto al marco normativo que salvaguarda la biodiversidad del país.

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología continuará buscando garantizar que se respete el marco normativo que protege nuestra diversidad biológica y la intangibilidad del patrimonio natural, así como el no retroceso en los estándares de protección ambiental ya reconocidos.

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