La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), en su novena sesión ordinaria, aprobó por UNANIMIDAD, el predictamen de no aprobación y envío al archivo del Proyecto de Ley 11822/2024-CR, por contravenir de manera categórica el marco constitucional y legal vigente.

La congresista Silvana Robles hizo énfasis en que el proyecto vulnera diversas disposiciones constitucionales, incluyendo el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y el deber estatal de promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Los cambios propuestos por la iniciativa legislativa desnaturalizaban la normativa que regula las ANP, su institucionalidad e intangibilidad, al pretender permitir la explotación y el aprovechamiento de recursos no renovables en Áreas de Uso Indirecto como los Parques Nacionales y Santuarios. De igual manera, hizo énfasis en que la promoción de actividades extractivas, incluso bajo el marco normativo vigente, genera pasivos ambientales graves.

Entre los puntos más preocupantes que llevaron a su archivo, la presidenta de la Comisión destacó el riesgo para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), pues el desarrollo de actividades extractivas en estos territorios aumenta el riesgo de contactos no deseados y la propagación de enfermedades letales para los PIACI, amenazando su vida, integridad y supervivencia. Esto aplica especialmente a los PIACI que habitan en zonas intangibles como los Parques Nacionales del Manu, Alto Purús y Sierra del Divisor.

Otro aspecto relevante es que el proyecto debilitaba el control parlamentario y el proceso de diálogo que ocurre en el Congreso de la República, pues una de las disposiciones del referido proyecto buscaba eliminar la exigencia actual de una Ley expresa para modificar física o legalmente las Áreas Naturales Protegidas, flexibilizando este proceso a la dación de una norma de menor rango, como un Decreto Supremo.

Asimismo, el proyecto atentaba contra el rol técnico del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y de los Gobiernos Regionales, al exigir la opinión previa favorable del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para la aprobación o modificación del Plan Maestro en áreas con posible aprovechamiento de hidrocarburos.

En las disposiciones complementarias finales, el proyecto no hacía ninguna referencia al derecho a la consulta previa, libre e informada para el desarrollo de intervenciones extractivas en regiones con superposición de territorios indígenas.

La no aprobación de esta iniciativa fue respaldada por un amplio consenso técnico al que llegaron diversas instituciones, como el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP), y diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Grupo de Trabajo de Impactos en Hidrocarburos, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la organización Derecho, Ambiente y Recursos Humanos (DAR), el Grupo de Análisis por la Naturaleza, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la Comisión Ambiental Regional de San Martín y la Clínica Jurídica sobre Pueblos Indígenas de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Asimismo, la presidenta de la Comisión señaló que la propuesta vulnera el principio de no regresividad ambiental y resulta incompatible con los compromisos nacionales e internacionales del Estado peruano en materia ambiental, como la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático y el Acuerdo de París.

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología continuará trabajando para garantizar el respeto al marco normativo que protege nuestra diversidad biológica y la intangibilidad del patrimonio natural, así como el no retroceso en los estándares de protección ambiental ya reconocidos.