Katy Ugarte exige explicaciones al Ejecutivo para proteger a los consumidores y la seguridad energética

La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos reguladores de los Servicios Públicos del Congreso, Katy Ugarte, anunció que en los próximos días se realizará la segunda mesa técnica, con la participación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), para que expliquen los alcances de la reestructuración de Petroperú y su impacto directo en los consumidores.

La congresista Ugarte enfatizó que el objetivo central de esta citación es que el Gobierno “responda a la ciudadanía” sobre una decisión que podría incidir en el precio y abastecimiento de los combustibles, un servicio esencial para millones de peruanos. “Desde esta comisión siempre vamos a velar por la defensa de los consumidores, garantizando transparencia y acceso a información clara sobre un recurso estratégico para el país”, afirmó, destacando el rol fiscalizador del Congreso frente a posibles abusos.

El anuncio se realizó durante la mesa de trabajo “La privatización de Petroperú: consecuencias para los consumidores”, organizada por la comisión, con la participación de expertos en hidrocarburos, el ex presidente de Petroperú Alejandro Narváez, representantes de la Defensoría del Pueblo y gremios sindicales. Narváez cuestionó el Decreto de Urgencia 010, al que calificó como un “proyecto privatista”, y sostuvo que la empresa mostró una recuperación “claramente positiva”, alcanzando “una cuota de mercado del 35%” y generando en 2024 “6.700 millones de dólares en ingresos” transferidos al Tesoro Público.

Desde la Defensoría del Pueblo, Yanina Pacheco, representante para descentralización y desarrollo socioeconómico, advirtió que los hidrocarburos son “uno de los componentes principales del crecimiento económico del país” y alertó sobre “el peligro inminente de la falta de continuidad de las operaciones esenciales de Petroperú”. Recordó que la institución exhortó al Ejecutivo a adoptar “medidas integrales y urgentes” para garantizar la estabilidad de una empresa estratégica para la seguridad energética nacional.

A su turno, la vicepresidenta de la comisión, Rosangella Barbarán, cuestionó la ausencia del Ejecutivo en el debate y señaló que la crisis de Petroperú “no es un tema reciente”. Criticó que entre 2022 y 2024 se hayan destinado “más de 171.000 millones” para su financiamiento y exigió transparencia sobre el uso de esos recursos, al advertir que dichos montos superan largamente el presupuesto de sectores clave como salud y educación.

Finalmente, el secretario general de los trabajadores administrativos de Petroperú, José Luis Saavedra, alertó que debilitar a la empresa estatal generaría “un riesgo de mercado”, al dejar al país sin un actor que regule precios. Indicó que Petroperú tiene en el oriente una participación de “entre 80% y 85%” y que una eventual privatización podría provocar desabastecimiento y mayores subsidios estatales, afectando especialmente a regiones como la Amazonía, donde el sector privado no opera por falta de rentabilidad.

Lima, 8 de enero del 2026
Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos reguladores de los Servicios Públicos del Congreso