Con 24 votos a favor (unanimidad), la Comisión de Constitución y Reglamento que preside el congresista de Fuerza Popular, Arturo Alegría García, aprobó el dictamen de insistencia de la autógrafa recaída en el proyecto de Ley 11286/2024-CR, que busca optimizar la administración de los ingresos remunerativos y proteger los derechos laborales de los funcionarios públicos.

Cabe precisar que, esta normativa que modifica el Decreto Legislativo 1666, Decreto Legislativo marco de la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público fue observada por el Ejecutivo.

Al respecto, Alegría García señaló que, con relación a un posible riesgo de quebrantamiento de la estructura remunerativa, la incorporación del párrafo en el art. 7.4 del DL 1666 que señala que los literales b y c no afectan lo regulado en la Ley 31188.

En ese sentido, aclaró que solo se remite a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva en el sector estatal y no modifica las restricciones ya existentes, que tienen como límite los principios de previsión y provisión.

Por el contrario, manifestó que reafirma la vigencia de la referida Ley que reconoce el derecho a los trabajadores estatales a pactar condiciones económicas, pero siempre sujetas a los principios antes mencionados.

Adicionalmente, el presidente de la Comisión de Constitución expresó que otra observación menciona una supuesta afectación al principio de coherencia normativa.

Sobre ello, indicó que el grupo de trabajo que preside manifiesta que la finalidad de la previsión es asegurar que los convenios suscritos, antes de la vigencia de la Ley 31188 mantengan la eficiencia y se interpreten en armonía con los principios de libertad sindical, legalidad, buena fe y equidad.

“Esta disposición no crea un nuevo régimen, sino que reafirma la validez de los acuerdos laborales previstos y el principio de seguridad jurídica, evitando interpretaciones que desconozcan los derechos adquiridos durante muchos años por los trabajadores”, acotó.

Finalmente, con relación a la eliminación del mandato de sujeción de EsSalud a las normas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, Alegría García manifestó que la derogatoria es coherente, porque la modificación del art.6 del DL 1666 ya excluye a EsSalud de la cobertura de la evaluación y validación de ingresos, por lo que mantener vigente la disposición transitoria carece de sentido.

De esta manera, la Comisión de Constitución y Reglamento reafirma su compromiso de contar con una gestión fiscal más eficiente y transparente de los recursos humanos del aparato estatal, en especial de los trabajadores y funcionarios públicos.