El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto Palacios, pidió información urgente a los ministros de Economía y Finanzas, José Berley Arista Arbildo, y al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes Espejo, respecto a la anunciada paralización del Corredor Morado a partir del 4 de febrero del presente año, debido al incumplimiento por parte de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) en cuanto al abono de las cantidades pactadas y el pago de deudas contraídas durante la gestión.

Los documentos remitidos a ambos ministros contienen una solicitud expresa de informar a la comisión sobre las acciones realizadas hasta el momento, así como de remitir toda la documentación pertinente relacionada con el acuerdo contractual o acuerdos vigentes con los representantes del Corredor Morado. Se espera también un sustento técnico que permita la operatividad y continuidad del servicio, en línea con las competencias de dichos ministerios.

El titular de la referida comisión, Soto Palacios, expresó su profunda preocupación debido al impacto que esta eventual paralización tendría en miles de usuarios de la capital, especialmente aquellos provenientes de distritos con alta densidad poblacional. El legislador dijo “que este problema se suma al caos existente en el transporte urbano de la ciudad y afectará a más de 100 mil usuarios, sobre todo en distritos como San Juan de Lurigancho, el más poblado de la capital”.

Los operadores del Corredor Morado señalaron a través de un comunicado que la paralización total o parcial del servicio está justificada debido a las afectaciones que han sufrido directamente por parte de la MML y la ATU en la gestión anterior. En el mismo comunicado, advirtieron que ya han comenzado a desactivar servicios, empezando por el servicio troncal 409, una de las cinco rutas del Corredor Morado, y que en las próximas semanas se continuarán desactivando servicios hasta dejar de prestar el servicio por completo.

La información solicitada por la Comisión de Defensa del Consumidor se fundamenta en lo establecido en los artículos 96º y 97 de la Constitución Política, así como en el artículo 22 inciso e) y el artículo 87 del Reglamento del Congreso, en aras de garantizar la transparencia y la protección de los derechos de los usuarios del transporte público en la capital.