Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor pide explicaciones a ministra de Vivienda ante de nueva regulación

«El impacto tarifario que sufrirían los usuarios de los servicios de agua y saneamiento a nivel nacional debido a las nuevas regulaciones es de extrema preocupación para nosotros», afirmó Wilson Soto Palacios, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor (Codeco).

Las propuestas en el proyecto de decreto supremo que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1280, Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, han llevado al titular del referido grupo de trabajo, Soto Palacios a formular un llamado a la ministra de Vivienda y Construcción, Hania Pérez de Cuellar, manifestando su inquietud por las posibles consecuencias hacia los consumidores.

En una comunicación enviada a la ministra, Soto Palacios destacó que el artículo 71.3 del Decreto Legislativo 1280, publicado por el Poder Ejecutivo en uso de las facultades otorgadas por el Congreso, establece que: “Para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento, la aplicación de los incrementos tarifarios bases programados en la fórmula tarifaria, no se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones; sin perjuicio de las sanciones que correspondan, de conformidad con el marco normativo aplicable”.

El presidente de la comisión señaló que este artículo permite que, incluso si las empresas prestadoras no cumplan con sus metas, obligaciones de mejora o indicadores de calidad, puedan incrementar las tarifas.

«Eso es completamente absurdo y va en perjuicio directo a los usuarios del servicio, quienes se verán obligados a pagar mayores tarifas, a pesar de no ver mejoras en el servicio,» afirmó.

Soto Palacios puntualizó que la propuesta de reglamento del mencionado decreto legislativo afianza aún más irregularidades. Mencionó, por ejemplo, que en el cálculo de la tarifa se incorporará el costo de inversiones financiadas con impuestos, lo que resultaría en un doble pago por parte del usuario por una misma inversión (Artículo 167).

Además, resaltó que las multas impuestas a las empresas prestadoras de agua por incumplimiento de sus obligaciones, así como las indemnizaciones dispuestas en laudos arbitrales perdidos por la empresa, tendrían que ser asumidas por los usuarios a través del incremento tarifario (Artículo 168).

Soto Palacios también indicó que las empresas prestadoras podrían incluir en las tarifas sus costos ineficientes, como la compra de lujosos automóviles para sus funcionarios, remuneraciones exorbitantes para sus gerentes y cenas de lujo, entre otros gastos (Artículo 168).

La comunicación enviada a la ministra Pérez De Cuellar subraya que estos son solo algunos de los aspectos preocupantes de la propuesta de reglamentación que su sector está planteando. Dado que los usuarios podrían ser seriamente afectados por estos incrementos tarifarios, se considera necesario ampliar el plazo para recibir opiniones del público y de los Consejos de Usuarios.

“La postura de CODECO es solicitar que se amplié el plazo para recibir opiniones que garantice un proceso más transparente y equitativo en la formulación de regulaciones que impactan directamente a los ciudadanos” anotó.

COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS