• Familias peruanas han sido perjudicadas con sobre costos de energía por más de 7 mil millones de soles, detalla legisladora Carmen Omonte.

“Quieren seguir enriqueciéndose a costa de la pobreza de la población”, advierte congresista apepista para defender proyecto que busca modificar ley de concesiones eléctricas y reducir tarifas a favor de los usuarios.

La congresista apepista Carmen Omonte Durand advirtió hoy que “con el cuento de que su aplicación recién se daría en dos años, se pretende ‘asesinar’ el proyecto de ley que hará posible que bajen las tarifas de electricidad”, el pretexto que siempre utilizan las empresas eléctricas y sus lobistas para mantener vigente el abuso contra las familias peruanas.

Omonte es autora del Proyecto de Ley 5108/2020-CR que propone modificar el artículo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas a fin de reducir de 12% a 10% la tasa de actualización que se utiliza para la elaboración de las tarifas eléctricas, “lo que beneficiará a más de 30 millones de hogares del Perú que cuentan con servicio eléctrico”.

Igualmente salió al frente de quienes sostienen que con la aprobación de su propuesta de ley se pone en peligro la ejecución de inversiones en el sector eléctrico demandándoles que expliquen y sustenten su posición precisando cómo es que sucedería esto.

¿Acaso nos están revelando que se reparten ingentes utilidades y no re invierten; además que las inversiones que realizan las ejecutan con el dinero de las familias usuarias y no con sus abundantes ganancias?

Si es así, entonces que pongan sus propiedades y su capital físico a nombre de las peruanas y peruanos, quienes finalmente, en concordancia con su tácita confesión, somos los que invertimos, anotó.

La legisladora detalló que la no reducción de las tarifas hacia al usuario final equivale a 364 millones de soles anuales y debió aplicarse desde el año 2001. “A la fecha de hoy, calculando en base a la tasa de reducción al 10%, el monto total en perjuicio de los consumidores asciende a más de 7 mil millones de soles”, precisó.

“Este congreso se ha puesto del lado de la población y no de los grandes capitales, estamos legislando en beneficio de las mayorías y en especial de la población vulnerable que viene atravesando una grave crisis económica a causa de la pandemia”, agregó.

Remarcó asimismo que su despacho, democráticamente, seguirá recogiendo todas las voces y opiniones posibles, a favor o contrarias, para darle legitimidad y respaldo técnico y conceptual a su cruzada en favor de millones de familias del Perú.

“CON EL PUEBLO O CONTRA ÉL”

“Dicen que de darse esta ley, que cuenta con estudios técnicos que la sustentan, los inversionistas van a ganar menos (a pesar de que ya ganaron lo suficiente para sostener su descendencia hasta su décima generación), pero no se dice que millones de familias serán beneficiadas con tarifas menores”.

“Yo les digo a todos los que deben escuchar: en este tema, estamos con el pueblo o contra él, la población se dará cuenta fácilmente qué es lo que mueve o apaga nuestras conciencias”, advirtió Omonte Durand, para asegurar que hay “millones de intereses” moviéndose para frenar el proyecto.

“Poderosos intereses intentarán poner en marcha todos sus operadores y lobistas, si es que no lo están haciendo ya, para impedir que se apruebe este proyecto a favor de las familias peruanas y empezarán con sus cabildeos legislativos y, con total seguridad, su siguiente acción podría ser intentar desacreditar a quienes trabajamos para evitar que sigan ‘electrocutando’ los bolsillos de la población, pero no nos amilanarán”, sentenció.

También lo dijo:

“Se trata de cambiar una norma que fue dada para un contexto totalmente diferente, para tiempos absolutamente distintos, y que -para variar- de ser una característica excepcional, transitoria, ha devenido en regla permanente, en regla de abuso contra los usuarios del servicio eléctrico”.

Lima, 18 de agosto de 2020

DESPACHO CONGRESAL