En el marco del Estado de Emergencia Sanitaria decretado por el gobierno ante la pandemia del Covid-19, el congresista de Acción Popular, Leonardo Inga Sales, presentó un proyecto de ley que busca establecer agravantes para los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, en el uso de recursos destinados a combatir la pandemia.

El proyecto, que plantea la modificación de los artículos 384°, 387°, 388° y 389° del Código Penal, establece penas más duras para los delitos de colusión simple y agravada, el peculado doloso y culposo, peculado de uso y la malversación de fondos.

Así, por ejemplo, para los casos de colusión agravada que se castigan con prisión no menor de 6 años ni mayor de 15, ahora se castigarán con prisión no menor de 9 años ni mayor a 22, “si el delito se comete respecto al uso inadecuado de los recursos públicos como consecuencia de haberse declarado Estado de Emergencia”.

Para los casos de peculado doloso y culposo, las penas van desde los 4 a los 12 años. “Constituye agravante si los caudales o efectos fueran producto de asignación por haberse declarado Estado de Emergencia”, señala la propuesta legislativa que establece pena de cárcel entre 12 y 18 años.

Actualmente la malversación de fondos se castiga con pena privativa de la libertad de entre 3 y 8 años. La propuesta establece que si el dinero que administra el funcionario corresponde a zonas declaradas en Estado de Emergencia, “la pena privativa de libertad será no menor cuatro ni mayor de doce años

DESPACHO CONGRESAL