Presidenta de CODECO, Katy Ugarte exige acciones inmediatas para evitar el colapso del sistema y proteger a los usuarios

Más de 9 mil vehículos permanecen abandonados en los 14 depósitos de la ATU, sin posibilidad de ser destruidos o chatarrizados, situación que agrava el desorden en el transporte urbano de Lima y Callao. El problema fue expuesto durante una reunión de trabajo entre la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Katy Ugarte, y el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, quien advirtió que la falta de capacidad operativa y las restricciones ambientales mantienen paralizado el proceso de renovación vehicular.

Durante la sesión, Hernández explicó que la ATU enfrenta un serio cuello de botella debido a que solo existe una planta autorizada de chatarreo, lo que imposibilita la destrucción eficiente de las unidades embargadas. “Tenemos 9 mil carros y no los podemos chatarrizar”, señaló. Indicó además que empresas como Sider Perú han mostrado interés en participar en este proceso, pero enfrentan observaciones ambientales del Ministerio del Ambiente. A ello se suma la negativa de los municipios a recibir vehículos con deudas acumuladas, pues “si ese carro entra, ya no sale y les ocupa espacio”.

La presidenta de CODECO expreso su preocupación por la falta de acciones contundentes para revertir la crisis. “Lo que necesitamos es entrar con fuerza. Si no aplicamos las normas, el caos va a crecer”, advirtió. Ugarte lamentó además que gestiones anteriores no hayan impulsado la reorganización del transporte: “Si lo han dejado así otras gestiones, ¿a qué se está encaminando ahora?”.
Hernández preciso también las diferencias entre el chatarreo obligatorio dirigido a vehículos infractores que se encuentran en depósitos y el chatarreo voluntario, un modelo que permite a los transportistas recibir entre 3 mil y 8 mil dólares según el tipo de unidad. Sin embargo, alertó que su aplicación actual podría beneficiar a la informalidad: “Tenemos tanta informalidad que muchos se beneficiarían de manera indebida del modelo”. Por ello, la ATU evalúa reformular este esquema para garantizar que los recursos se destinen efectivamente a la renovación de flota.

Como alternativa, Hernández informo que la ATU viene implementando medidas para incentivar la formalización, como la reducción de multas históricas y la habilitación del sistema de recaudo electrónico. “Estamos equiparando económicamente al transportista formal para que ingrese al sistema”, afirmó. No obstante, advirtió que la informalidad continúa expandiéndose debido a las ganancias que genera el modelo actual: “Una operación puede sacar 30 mil soles al mes; después de gastos, se llevaría casi 15 mil”.

La congresista Ugarte reiteró su respaldo para impulsar las normas necesarias que permitan agilizar el desempeño de la ATU y reafirmó su compromiso de supervisar de cerca el proceso de chatarreo, la reducción de la informalidad y la implementación del recaudo moderno. “Estamos aquí para defender a los consumidores y exigir que el transporte avance hacia la seguridad, la transparencia y el orden”, concluyó.

Lima, 28 de noviembre del 2025
Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso