El Pleno del Congreso aprobó, el jueves 8 y por mayoría, la iniciativa que propone garantizar el acceso a todas las personas y, en particular a la población vulnerable, al tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad generada por el nuevo coronavirus SARS-Cov-2, así como de otras, que dan origen a emergencias sanitarias nacionales y pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Fueron 113 votos a favor, cinco en contra y una abstención los que se registraron en primera votación.

El pedido de exoneración presentado por el presidente de la Comisión de Salud y Población, Omar Merino López (APP), a la vez autor del Proyecto de Ley N.° 5992, no tuvo lugar después que voceros de tres bancadas solicitaron que no se vote, habida cuenta de que se trató de un texto modificado, después de un cuarto intermedio.

En ese sentido, se pronunciaron los congresistas Ricardo Burga Chuquipiondo de Acción Popular, Diethell Columbus Murata de Fuerza Popular, y Fernando Meléndez Celis de Alianza Por el Progreso.

La propuesta que considera como bien esencial las medicinas y las vacunas que permitan curar y prevenir el coronavirus, así como las que se empleen para una emergencia sanitaria nacional, debe esperar siete días, según el artículo 73, inciso e del Reglamento del Congreso.

Declara de utilidad, necesidad pública e interés nacional la adquisición y distribución de medicamentos y vacunas para el referido objetivo y plantea que la distribución, comercialización y disponibilidad de los medicamentos y vacunas será gratuito, universal y obligatorio para todos los habitantes del país.

Asimismo, que el Ministerio de Salud, como ente rector, establece de manera obligatoria un esquema de vacunación con participación de los gobiernos regionales y de los sectores de la salud para garantizar el acceso y cobertura.

La aprobación del dictamen, que comprende 17 iniciativas con similar objetivo, fue objeto de debate, antes de su aprobación.

El congresista Columbus Murata (FP) planteó la necesidad de un cambio en el término de bien público por el de bien esencial para las medicinas y vacunas, con lo que estuvieron de acuerdo Francisco Sagasti Hochhausler (PM) y Matilde Fernández Florez (SP). En el texto sustitutorio se incorporó la modificación.

El congresista Felipe Castillo Oliva (PP), uno de los autores, dijo que el tema es importante, porque permitirá volver a la normalidad al país y hará que las poblaciones con menor capacidad adquisitiva puedan acceder a los medicamentos y vacunas.

Por su lado, la congresista Martha Chávez Cossio (FP) consideró que la propuesta significó un avance al considerar el tema como bien esencial, pero calificó el artículo cuarto como “una barbaridad”, porque no se puede exigir gratuidad al sector privado para la vacunación, a diferencia del Estado. Su voto fue en contra.

Chagua Payano hizo lo mismo, por considerar que las vacunas aún están en proceso de experimentación y no hay garantías de sus resultados. Similar opinión fue la del congresista Richard Rubio Gariza (Frepap).

Rubén Ramos Zapana (UPP) votó en abstención para solicitar un mayor estudio sobre las vacunas.

Lima, 8 de octubre de 2020

PRENSA-CONGRESO