La Comisión de Energía y Minas, que preside la congresista Yessica Apaza Quispe (UPP), aprobó dos dictámenes con la finalidad de establecer mejores mecanismos para el desarrollo de la actividad minera en el país.

Uno de ellos es el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 5706/2020-CR, que propone modificar el plazo de inscripción de personas naturales o jurídicas del segmento de pequeña minería o minería artesanal en el Registro Integral de Formalización Minera – Reinfo. Fue aprobado por unanimidad y es una iniciativa de autoría de la titular de ese grupo de trabajo legisladora Apaza Quispe.

La propuesta señala se amplíe de manera excepcional por 120 días hábiles el plazo establecido en el artículo 3 de la Ley 31007 y precisa que este se calcula desde la fecha de vencimiento del plazo inicial.

Una disposición complementaria que establece dejar sin efecto el numeral 4.2 del artículo 4° del Secreto Supremo 001-2020-EM, por el que establecen disposiciones reglamentarias para el acceso y permanencia en el Registro Integral de Formalización Minera, una vez que culmine la fecha de vencimiento del plazo inicial.

“La formalización está encaminada mediante normas y plazos, sin embargo, estas fueron paralizadas por efectos de la pandemia del COVID-19 y la emergencia nacional decretada por el Gobierno. Entonces, se requiere ampliar los plazos de inscripción para no fomentar la ilegalidad de las actividades mineras en el país”, manifestó Apaza Quispe.

El otro dictamen aprobado, también por unanimidad fue el proyecto de ley N.° 5881/2020-CR, que propone establecer plazo para la presentación del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM) y otros documentos para su formalización.

Dicha iniciativa tiene como objetivo modificar los plazos que los pequeños mineros y mineros artesanales tienen para poder presentar documentos para su formalización y así mismo a los que ya son concesionarios puedan estos también presentar documentos que acrediten su producción y el pago de una multa, que en la actualidad se encuentra regulados a través de decretos supremos, entre otros aspectos para este caso.

También señalaron que este hecho no afecta el marco jurídico y que a través de la presente norma se pretende otorgar facilidades a las personas que están tratando de formalizarse y adecuarse al marco legal vigente para obtener la formalización de sus actividades, para el desarrollo del país.

MARCO NORMATIVO DE LA PEQUEÑA MINERÍA

En la segunda parte de la reunión, se presentaron Roxana Barrantes Cáceres, presidenta de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, Alberto Rojas, director general de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, y Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, quienes dieron a conocer sus aportes y puntos de vista sobre el marco normativo de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, para su promoción, protección y desarrollo.

Los invitados coincidieron en señalar la importancia de la formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales, y poder manejar en mejores condiciones la gobernanza de la minería en el país.

“Existe la necesidad de una minería sostenible que respete los derechos humanos y contribuya al fortalecimiento de la democracia. Cuando uno aterriza en las propuestas concretas, identifica que muchas de ellas son muy importantes y de necesidad inmediata, lo cual es un aporte del trabajo realizado. Pero también existen vacíos, omisiones y algunas propuestas que venimos mejorando para este sector”, manifestó Roxana Barrantes.

Otros temas abordados por los invitados estuvieron relacionados a acuerdos sociales entre empresas mineras y comunidades, reasentamiento, participación ciudadana, pueblos indígenas, certificación y fiscalización ambiental, entre otros aspectos legales y administrativos.

Al término de la reunión, la titular de ese grupo de trabajo, congresista Yessica Apaza y su colega Mariano Yupanqui Miñano (SP), coincidieron en señalar la importancia de legislar normas que permitan fortalecer la legalidad y la formalización en el sector minero y dieron a conocer su preocupación por la participación de algunas empresas mineras grandes que tendrían una posesión dominante contra la pequeña mimería y minería artesanales, y que este hecho estaría generando monopolio y problemas sociales.

PRENSA-CONGRESO