La Comisión de Relaciones Exteriores continuó, el martes 6, recogiendo opiniones y pronunciamientos de distintos sectores de la sociedad peruana, entre ellos, representantes de organizaciones comunales e indígenas, las que coincidieron en rechazar la ratificación del Acuerdo de Escazú.

El primer invitado de la séptima sesión extraordinaria virtual fue el embajador Eduardo Ponce Vivanco, quien dijo que no existe ningún apuro para que el Congreso decida qué hacer con el acuerdo.

Indicó que el rechazo de Chile, al mencionado acuerdo, pone al Perú en desventaja, no solo en recursos jurisdiccionales ambientales, sino directamente en materia de derechos humanos.

“Si el Congreso lo aprueba, un sector de ONG ambientalista podría llevarnos a la Corte Internacional de La Haya y hasta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó.

Señaló que “lo deseable es que sea el próximo Congreso el que tome la decisión, porque no hay ningún urgencia ahora, más aún que estamos frente a una campaña electoral, en la que hay mayor presión”.

A su turno, Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), sostuvo que los objetivos del acuerdo ya se encuentran dentro de la legislación peruana, entre ellos, el derecho a un ambiente sano, al acceso a la información, a ser consultados y participar de los procesos, acceso a la justicia ambiental y protección a las personas que defienden el medio ambiente.

Consideró que su ratificación afecta la soberanía nacional y que hay clausulas peligrosas para el país, como la pérdida del carácter público del ordenamiento institucional peruano.

Otro problema, dijo, es que se paralizarían las inversiones, porque se perdería autonomía en función al acuerdo, y otra cuestión es su impacto en los pequeños agricultores, que podrían paralizar, porque queda vulnerada la propiedad privada.

Por su lado, Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, consideró que el referido acuerdo es una valiosa herramienta para fortalecer los sistemas de derechos humanos que hay en la región.

Refirió que 212 personas fueron asesinadas por defender los derechos humanos y que la gran mayoría de ellos pereció por defender los derechos ambientales solo en el 2019, de ellos dos tercios de las víctimas fueron de América Latina.

“América Latina es la región más peligrosa del mundo para defender el ambiente”, mencionó.

”Por eso, es necesario esa especial protección y que se tomen todas las medidas para que esto no siga ocurriendo”, afirmó tras indicar que el Perú no está en una situación diferente y que en entre el 2012 y el 2014 fueron asesinados 57 defensores.

En ese sentido, se refirió al caso de Roberto Pacheco, asesinado en septiembre último, por luchar contra la minería ilegal en Tambopata, en Madre de Dios, situación que refleja que el Estado no ha cumplido debidamente con su protección.

Manifestó que el Acuerdo de Escazú sería una oportunidad para salvar vidas y que hasta el momento lo han ratificado diez países y hay otros once países que no lo han hecho.

Ante una pregunta, sostuvo que Amnistía Internacional está en contra de cualquier acto de violencia provenga de donde provenga.

A su turno, Gladys Tapia Medina, presidenta de la Asociación Multisectorial e Interdisciplinaria del Perú (AMIP), que agrupa a diez mil agremiados de pueblos indígenas, campesinos y ciudadanos vulnerables, refirió que se oponen a la ratificación del acuerdo, después de analizar el tema en forma integral.

Sostuvo que su posición no tiene que ver con ideologías, las que están frustrando el desarrollo del emprendimiento peruano y que colisionan con el marco jurídico nacional y con otros acuerdos vigentes entre los países amazónicos.

Asimismo, consideró que se violaría la soberanía y la autoridad del país. Empero, dijo que se puede mejorar la propuesta, pero con la participación de los países amazónicos.

También rechazó la admisión del concepto de la reserva, porque impediría al Perú dejar constancia de discrepancias y objeciones en aspectos que pueden ser lesivos para nuestro país.

COMUNIDADES NATIVAS

Representantes de comunidades indígenas y campesinas coincidieron en su rechazo a la firma del acuerdo, aunque algunas no pudieron manifestarse por falta de conectividad.

Jorge Categari Hidraximevi, jefe de la comunidad nativa de Monte Carmelo, del distrito de Charape, rechazó la ratificación del acuerdo porque afectará a todos los pueblos de la región Cusco.

Segundo Aurelio Hernández Villoslavo, director nacional de Justicia Indígena de Iquitos, se manifestó preocupado por un acuerdo que calificó de discriminatorio para los pueblos de su sector y de duplicidad en la administración de justicia, lo que afectará la soberanía. Por esa razón no se manifestó de acuerdo con su ratificación.

Representantes de otras organizaciones indígenas no pudieron comunicarse por problemas técnicos, entre ellos, Jacob Llampis Kuwain, presidente interino de la Organización de Desarrollo de las Comunidades del Alto Comaina (ODECOAP) y Ricardo Ladera Susuki, representante de la Sociedad Organizada.

PRENSA-CONGRESO