Con la participación de representantes del Ministerio de Justicia, Instituto Nacional Penitenciario- INPE, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside la legisladora Leslye Lazo Villón (AP), analizó el proyecto de ley 4932, para el fortalecimiento de capacidades institucionales del Sistema Nacional Penitenciario del Perú

El legislador Daniel Urresti Elera (PP), autor de la propuesta, explicó que la iniciativa es producto del conocimiento que tiene sobre el sistema penitenciario cuyo funcionamiento empeoró –según dijo- hace 25 años cuando se le retira a la Guardia Republicana y Policía Nacional de los 67 centros penitenciarios en el país.

Sostuvo que es inaceptable y una invitación a la corrupción que el director general del sistema así como los diferentes directores de las cárceles del país sean nombrados a dedo y no por un tema de capacidad profesional.

Según su propuesta, la administración penitenciaria deba contar con personal necesario, capacitado, calificado y formado en un centro de estudios criminológicos, quedando el INPE como un organismo ejecutor con autonomía funcional y financiera.

De la misma forma, Urresti sostuvo que tampoco puede continuar los actuales cinco regímenes laborales que se dan en esa institución y que generan desigualdad salarial que también constituye un ‘disparador’ de hechos de corrupción.

“Actualmente hay 4 400 trabajadores en régimen CAS, no se contempla principios de meritocracia ni capacidades para los postulantes a los delicados cargos de trabajadores que tendrán bajo su responsabilidad la seguridad de los centros penitenciarios. Se requieren urgentes cambios para recuperar la eficacia y confianza, con eficacia y transparencia necesarias para el manejo del sistema penitenciario del Perú”, indicó.

Agregó que los que dirigen las cárceles son los delincuentes más ranqueados, llamados «los taitas» a quienes se les da todo tipo de facilidades para que parezca que el director manda en el penal. “En las cárceles del Perú todo cuesta, incluso son consultados por los mismos directores cuando se harán requisas. Estos coordinan y cobran el ingreso de televisores, refrigeradores, camas, colchones, celulares y todo cuanto puedan lucrar. El interno que no cuenta con un familiar que lo pueda apoyar tiene que dormir a la intemperie. Desde que se desapareció a la Guardia Republicana la corrupción es oficial y las cárceles son escuelas del crimen«, sostuvo Urresti.

La legisladora Martha Chávez (FP) sostuvo su conformidad con la realización de un verdadero cambio en las cárceles del país. Especialmente denostó del régimen CAS, necesario en un tiempo pero que posteriormente fue “mejorado con beneficios” en lugar de eliminarlo.

Chávez Cossío denunció que la corrupción viene desde las cabezas de los centros penitenciarios que deben coordinar derechos fundamentales de algunos internos pero que no lo hacen por motivaciones políticas.

PRENSA-CONGRESO