El Estado tiene una deuda social que no debe prolongar más, en particular la contraída con los docentes y los servidores de salud del país. Además, no debe esperar que este sector laboral y los extrabajadores tengan que presentar una sentencia judicial en calidad de cosa juzgada, para que se cumpla con sus pagos.

Ese fue el sentir de parlamentarios de distintas bancadas, integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que preside el congresista Humberto Acuña Peralta (APP), quienes demandaron el pronto pago justo de la referida deuda social.

En ese sentido se pronunciaron Yessica Apaza Quispe (UPP), Juan de Dios Huamán Champi (Frepap), Isaías Pineda Santos (Frepap), Mártires Lizana Santos (FP), Javier Mendoza Marquina (UPP) y Julio Condori Flores (APP), entre otros, los que se refirieron específicamente a los docentes peruanos.

Además, pidieron alternativas que permitan el cumplimiento de la deuda y no tener que prolongarla indefinidamente, mientras muchos de los demandantes van muriendo en el camino.

Pineda Santos propuso aplicar el endeudamiento a corto plazo y la refinanciación a largo plazo con los ingresos que se vayan obteniendo; Condori Flores sostuvo que existe la normatividad suficiente.

NO SE PRESENTARON

Las ministras de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva Luperdi y la de Justicia y Derechos Humanos, Ana Cristina Neyra Zegarra, no concurrieron a la.sesión. La primera porque tenía compromisos antelados a la invitación y la segunda por recién haberse incorporado a la cartera.

Las dos responsables de sus portafolios tenían como tema informar sobre los recursos asignados para el pago, así como el registro de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, en especial las sentencias que ordenan el pago de adeudados a trabajadores y ex trabajadores del sector público durante los años fiscales 2018, 2019 y 2020.
MEF.

En representación de la titular del MEF, expuso el secretario técnico de la Comisión Multisectorial Evaluadora de las Deudas del Estado, Freddy Díaz Ichicachi, quien explicó que esta entidad fue creada mediante Ley 28919 para recopilar la información generada por sentencias judiciales para la atención de adeudos.
Además, para proponer soluciones “amistosas” con los demandantes.

Señaló que la Ley nro. 30137 estableció los criterios de priorización para el pago de las sentencias. La data registra información desde el 2014 hasta el presente, en que se estableció el pago de 160 millones de soles.

Dijo que año tras año las entidades que han participado en el proceso han realizado sus reportes de adeudos. Hasta el momento la deuda asciende a ocho mil millones de soles, aunque no son todas las entidades.

Indicó que al 31 de diciembre del 2019 existen demandas en proceso que ya están con sentencia, pero no firme, que equivalen tres mil 500 millones de soles. Con sentencia firme, asciende a 11 mil millones de soles, lo que hace un total de 36 mil 500 millones de soles.

JUSTICIA

En representación de la titular de Justicia participó el secretario técnico del Consejo Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia, Martín Jim Mijichich Loli, quien dijo que han sido enviadas a ese portafolio once propuestas legislativas para que se cumpla con las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada.

Explicó los aspectos técnicos y normativos que se aplican para los pagos y que no existe la posibilidad de que se intente prolongar el cumplimiento de los pagos, sino que el proceso es tedioso.

Dijo que su sector tiene un proyecto de ley que tiene el objetivo de identificar causas que son recurrentes y que no tiene nada que discutirse, se deben cerrar los procesos, con lo cual se lograría su agilización.

También otra propuesta para hacer los pagos con los recursos provenientes de los bienes incautados.

De otro lado, también participó el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Servando García Correa, quien informó a través del economista Mario Otiniano, que son 28 mil 348 docentes los que han sido beneficiados, de un total de 400 mil que se les adeuda, lo cual evidencia una brecha aún muy ancha.

El especialista dijo que la deuda social en el sector Educación es por concepto de bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30 % de su remuneración total y bonificación adicional por el desempeño del cargo.

En Salud, es por bonificación diferencial al personal equivalente al 30% de su remuneración total.

En otros sectores, es por asignación por cumplir 25 o 30 años de servicios, compensación por tiempo de servicios, subsidios por gastos de sepelio y luto, vacaciones truncas y sentencias judiciales, entre otros.

ACUERDOS

En otro momento, la comisión aprobó en forma unánime una propuesta que tiene el objetivo de que cada congresista titular sea ponente de los pliegos de su departamento o gobierno local o regional, beneficencias y otras, para el periodo 2020-2021. En ese sentido, se tomó en cuenta su profesión o condición de presidentes de comisiones ordinarias.

En otro momento la comisión aprobó por mayoría inhibirse en dos propuestas legislativas por no tener competencia en la materia. Se trata de los proyectos de ley 5105 y 5082, de priorización del pago efectivo para los fonavistas y el de creación del seguro social para taxistas y mototaxistas, respectivamente.

Al primero le corresponde la Comisión de Economía y al segundo la de Comisión de Trabajo y Seguro Social, por lo que pidieron distribuir en forma más adecuada las propuestas.

Finalmente, el congresista Grimaldo Vásquez Tan (SP) expuso su propuesta sobre deuda social, que propone el pago como herramienta de reactivación económica.

PRENSA-CONGRESO