Cuatro denuncias constitucionales contra el excongresista Héctor Becerril Rodríguez, que comprenden diversos delitos, entre ellos, el de organización criminal, concusión, cohecho pasivo y patrocinio ilegal, fueron declaradas procedentes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Las denuncias acumuladas, que obtuvieron 14 votos a favor, fueron presentadas en el periodo anterior por los excongresistas de distintas bancadas, María Elena Foronda (FA), Richard Arce Cáceres (NP), José Marvin Palma (C21) y Gloria Montenegro Figueroa (APP).

Las denuncias también comprenden infracciones a la Constitución, en sus artículos 39, 43, 44 y 93 referidos a la vulneración de los deberes del Estado, de funcionarios y trabajadores del sector público y de la inmunidad parlamentaria.

La congresista Martha Chávez Cossío (FP) dijo estar a favor del informe de calificación porque cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia de las denuncias acumuladas, pero que existen denuncias anteriores, como las denuncias contra Pedro Cateriano y Ollanta Humala, entre otros, que no están siendo vistas.

“Me encuentro en una situación de principios, que estando a favor del informe de calificación, -porque no se debe poner tapón a una investigación respecto de nadie- pero hay una situación insalvable.

Cómo aceptar que se tramite denuncias posteriores cuando hay otras anteriores”, por esa razón se abstuvo en la votación.

CUELLOS BLANCOS

Durante la sesión del viernes 17, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside el congresista Luis Roel Alva (AP), también declaró procedente una denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, contra varios exmagistrados.

Los acusados son el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi; y los dos exconsejeros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velásquez Benites y Julio Gutiérrez Pebe.

Todos ellos reconocidos por la opinión pública como los integrantes del caso de los “Cuellos Blancos”. La acusación es por presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado; cohecho pasivo impropio, y de organización criminal, contenidos en el Código Penal.

La congresista Chávez Cossío (FP) señaló nuevamente estar de acuerdo con el informe de calificación, pero se abstuvo en la votación “por una cuestión de principios, porque la denuncia que ha sido reciente está formulada por la Fiscal de la Nación, contra quien existe denuncias previas, que están pendientes de dar cuenta”.

“Me abstengo por una cuestión estrictamente ética”, expresó tras indicar que mientras haya acusaciones pendientes y éstas no se resuelvan no debían ponerse en evaluación acusaciones interpuestas por ella.

De igual manera, llamó la atención de los criterios que se están utilizando para dar procedimiento a acusaciones nuevas y no a las que se presentaron con anterioridad.

El titular de la Subcomisión sostuvo que son tres los criterios que se están utilizando, para decidir sobre las denuncias que se le dan trámite: las que sean presentadas por la Fiscalía de la Nación; que el denunciado sea funcionario en funciones; y que sea por antejuicio.

Fueron declaradas improcedentes tres acusaciones presentadas por ciudadanos contra ex servidores públicos por considerarse que ninguno de los denunciados son altos funcionarios, en cumplimiento del artículo 99 de la Constitución.

Lima, 17 de julio de 2020

PRENSA-CONGRESO